El diputado provincial del bloque Somos Vida y Familia opinó sobre el proyecto de Alberto Fernández y sostuvo que "se pretende reducir la pobreza eliminando a los pobres"
El presidente Alberto Fernández envió el pasado martes el proyecto oficial de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, reiterando que «el dilema que hay que superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino». En este contexto, CLG Radio dialogó con Nicolás Mayoraz, diputado provincial y presidente del bloque Somos Vida y Familia, quien se manifestó en contra del proyecto y aseguró que «los números de muertes por aborto no son altos».
«No debería sorprendernos porque el presidente dijo que lo iba a enviar. Sí nos sorprende que estemos discutiendo esto de nuevo cuando apenas han pasado dos años de la discusión, cuando la sociedad y el Senado ya les dijo que no. Lo publicó La Nación hace unos días: ha crecido un 18% la consideración de la gente que está en contra del aborto», comenzó el diputado provida.
Además, consideró que el proyecto está empujado por presiones internacionales: «Creo que estas son las agendas ideológicas porque no tienen contacto con la realidad social, la verdadera realidad social que viven las mujeres en Argentina. Creo que hay una presión internacional muy fuerte del Fondo Monetario Internacional y de distintos organismos que financian al país, que exigen como contraprestación ciertas políticas y una de ellas claramente es el aborto».
Sobre lo que establece la iniciativa presentada por Alberto Fernández, expresó: «El proyecto es muy similar al que se presentó hace dos años, volvemos a discutir lo mismo. Veo también una especie de esquizofrenia porque por un lado se citan instrumentos internacionales para hablar del supuesto derecho a matar a un niño por nacer y por otro se citan instrumentos internacionales para reivindicar el derecho del niño a nacer».
«La ley de acompañamiento es una decepción, está lejos de ser una ley que acompañe a la mujer si quiere seguir adelante con el embarazo. Termina siendo un renglón más dentro de las ayudas sociales que se le dan a las mujeres, lo único que va a hacer es un DNI y un pin para cobrar una ayuda económica. Si bien las ayudas económicas sirven, eso no es acompañar a una mujer en un embarazo. Hay que ayudarla a que quiera tener su hijo, a resolver sus problemas de violencia intrafamiliar. Al ser una bandera ideológica y no involucrarse en el problema de la mujer, las respuestas que dan son vacías», añadió.
Por otra parte, el legislador que fue compañero de bloque de Amalia Granata sostuvo que el número de mujeres muertas por aborto «no es alto»: «Cualquier muerte que se puede evitar es un problema de salud pública, pero hoy los números nos indican que mueren más mujeres queriendo dar a luz que queriendo abortar. Si vamos a poner las prioridades en función de los números, entonces atendamos bien las prioridades. La mortalidad de la mujer no proviene principalmente por las causas de aborto. Los números de muertes por aborto no son altos».
«Lo que veo de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años con las ONG provida que hacen el acompañamiento de las mujeres, que están en el dilema de abortar o no abortar, es que cuando a una mujer le das la posibilidad de tener su hijo, le hacés el acompañamiento psicológico y económico, todo eso sirve para que la mujer tome una decisión mucho más aliviada y diría que en el 99% de los casos la mujer decide no abortar», continuó.
Al ser consultado sobre qué hay que hacer con las mujeres que están convencidas de que quieren practicarse una interrupción de embarazo, señaló: «Creemos que hay que hacerle ver ese conflicto que tiene con su embarazo y que no puede ser resuelto de esa manera. No podemos resolver un problema eliminando seres humanos, es algo básico. Una sociedad que quiere dejar la violencia atrás tiene que empezar a pensar en soluciones alternativas. En el caso de la mujer que está cerrada y no quiere ver otra opción lo que hay que hacerle ver es que el aborto no es opción».
«Son los casos mínimos, son casos que no tienen un registro que convierta esto en una política de Estado. Aquí se pretende reducir la pobreza eliminando a los pobres, porque apuntan a ese nivel», lanzó.