El presidente recibirá hoy el documento final del órgano que creó para que analice la Justicia argentina e indique modificaciones
El presidente Alberto Fernández recibirá este miércoles el documento en donde el grupo de once juristas que él eligió le recomiendan cómo debe reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, después de 90 días de análisis.
Los juristas sugieren una serie de reformas concretas para la Corte Suprema, con la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, con un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en donde por una mínima diferencia se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores.
Pero entre esas sugerencia también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce, según informó Infobae. Es que Alberto Fernández les había pedido a los miembros del consejo asesor, entre otras cuestiones, que respondieran sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal, y los expertos decidieron avalar esa propuesta.
La recomendación es que la “Oficina Anticorrupción debería permanecer en la esfera del Poder Ejecutivo ejerciendo exclusivamente competencias no penales y debería titularizar la obligación funcional de remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal el caso que considere susceptible de ser enmarcado en una eventual denuncia o querella penal”. También se planteó que se debería establecer un mecanismo de designación de la persona a cargo de la Oficina Anticorrupción mediante “un acto complejo con intervención del Congreso”. Uno de los motores de esa idea del cambio de rol es el propio titular de la OA actual, Félix Crous.
En cambio, los juristas convocados por Alberto Fernández entendieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) debía mantenerse con autonomía para funcionar.
Más allá de estas sugerencias, cuando se analicen las propuestas sobre el Ministerio Publico, todas las miradas estarán concentradas en lo que el consejo diga sobre el nombramiento del Procurador General. Actualmente se trata la postulación de Daniel Rafecas, el juez elegido por el presidente para ser jefe de los fiscales.
Alberto Fernández nominó a Rafecas en marzo pasado y, pandemia mediante, el pliego sigue sin ser analizado por el Senado que, no obstante, decidió ponerse a analizar en la comisión de Justicia, que preside Oscar Parrilli, los proyectos para recortar el mandato de la Procurador y cambiar la manera de su elección.
Hoy, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para ungir a alguien como jefe de los fiscales. En el Senado se propuso cambiar ese número a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los senadores. Serían 37 votos afirmativos de los 72 senadores que ocupan la Cámara Alta, distintos a los 48 que implican los dos tercios. Precisamente, la decisión sobre cómo votar al procurador fue uno de los aspectos más ríspidos que tuvo el consejo en materia de definiciones. En las últimas horas ganó la idea de la mayoría absoluta.
Sobre la Corte Suprema, el Presidente recibirá un informe sin recomendaciones para ampliar del número de miembros. Los expertos decidieron que no debían pronunciarse expresamente sobre el tema porque no estaba dentro de los tópicos pedidos por el Ejecutivo. Sin embargo, habrá algunos de los integrantes que harán alguna alusión a la ampliación del máximo tribunal. Sin embargo, sí se recomienda por mayoría la creación de un tribunal intermedio que absorba la cantidad de causas que recibe el máximo tribunal.
El informe de los expertos plantea además cambiar la estructura actual del Consejo de la Magistratura con otra lógica distinta de poder: con 16 miembros repartidos en partes iguales entre cuatro políticos, académicos, jueces y abogados,. En caso de empate, dice la letra chica, la Presidencia contaría con doble voto.
En un punto a tener en cuenta, la sugerencia incluía que en el proceso de designación de los/las consejeros se generara una instancia pública durante la cual la comunidad pueda involucrarse y que incluya una audiencia pública .Se debería establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas, máxime al tratarse de un órgano cuya conformación se propone que sea con dedicación exclusiva, y teniéndose en cuenta el avance tecnológico, algunas reuniones podrían realizarse en modalidad digital.
El consejo consultivo también propuso limitar la cantidad de asesores por consejeros y recomendó reducir la planta permanente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Otra novedad para la Magistratura: los procesos disciplinarios deberían tener un plazo de un año, contra los tres años que rigen actualmente.
Con el trabajo cumplido, Alberto Fernández quedará en condiciones de evaluar qué hace con las recomendaciones que plasmó esta comisión de asesores que presentó en público en la Casa Rosada el mismo día que presentó su proyecto de reforma judicial. Aquella iniciativa fue aprobada en el Senado con numerosos cambios. Ahora espera ser debatida en la Cámara Baja.