Se trata de Juan Ramón Quintana permanece refugiado en la residencia diplomática de la Embajada de México desde el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019
La jueza Claudia Castro, titular del juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el exministro de la Presidencia durante la gestión de Evo Morales, Juan Ramón Quintana.
El Juzgado de La Paz resolvió la acción de libertad que presentó la defensa del exministro Quintana, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por los delitos de financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir, según informa la televisión boliviana Cadena A citada por la agencia de noticias Europa Press.
Quintana permanece refugiado en la residencia diplomática de la Embajada de México desde el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019.
Además, la Sala Penal Segunda de La Paz tramitó una acción de libertad del dirigente cocalero Faustino Yucra Yucra, acusado por terrorismo y sedición, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y fabricación ilícita de explosivos.
Yucra Yucra fue enviado en abril a la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, con detención preventiva por seis meses.
Asimismo, el 24 de octubre se realizó la audiencia de acción de libertad en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal del exministro Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia Institucional con Evo Morales, que quedó libre de una orden de aprehensión por el caso fraude electoral.
Estas medidas van levantando los procesos judiciales lanzados contra altos cargos del Gobierno de Evo Morales después de que éste se viera forzado a abandonar el país en noviembre de 2019 a raíz del golpe de Estado que le siguió a la ola de levantamientos tras las elecciones de ese año.
Tras la salida del país de Morales, la senadora Jeanine Áñez fue proclamada presidenta en una sesión sin quórum de la Asamblea Legislativa.
El jueves de la semana pasada, el parlamento de Bolivia resolvió solicitar a la Fiscalía General que promueva un juicio a la presidenta de facto por su responsabilidad en los incidentes ocurridos en noviembre del año pasado tras la anulación de los comicios por denuncias de fraude.
La resolución acusa a la mandataria de los delitos de genocidio, sedición, asesinato, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y desaparición forzada de personas.
Áñez, dijo al día siguiente que se quedará en el país para defenderse del juicio por genocidio y otros.
Con los votos de más de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidió también procesos ordinarios contra una veintena de ministros del Gobierno provisorio y jefes militares y policiales.