Entre ellos los del actual ministro de Salud, su antecesora en el cargo y del ex primer ministro
La policía francesa allanó este jueves los domicilios del actual ministro de Salud, su antecesora en el cargo y del ex primer ministro, entre otros funcionarios de alto rango, en el marco de una investigación sobre la respuesta del gobierno ante la crisis sanitaria del coronavirus.
El 7 de julio pasado se abrió una investigación judicial sobre la gestión de la crisis, tras las denuncias por una presunta demora en las acciones gubernamentales para frenar la propagación del virus, que dejó más de 33.000 muertos en Francia.
Pacientes, médicos, oficiales de policía y personal de prisión presentaron desde el inicio de la pandemia unas 90 demandas contra ministros del gobierno del presidente Emmanuel Macron, de las cuales nueve fueron admitidas por la justicia, informó la agencia de noticias AFP.
En ese marco, la policía allanó el domicilio y la oficina del actual ministro de Salud, Olivier Véran, uno de los funcionarios investigados. La fuerza registró también la casa del director general de Salud, Jérôme Salomon, del ex primer ministro Edouard Philippe -que estuvo en el cargo durante la primera ola de coronavirus-, de la exministra de Salud Agnes Buzyn y de la exportavoz del Gobierno Sibeth Ndiaye.
Todos los operativos se desarrollaron «sin dificultades», indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. La Corte de Justicia de la República (CJR), que es el único órgano facultado para juzgar los actos cometidos por miembros del Gobierno en el desempeño de sus funciones, estimó que es «necesario que se lleve a cabo una investigación para evaluar el fondo de las denuncias».
Las audiencias de los demandantes, incluidos representantes de un grupo de médicos, comenzaron a principios de septiembre. Criticaron, entre otras cosas, la «inconsistencia de las medidas» adoptadas y la «falta de aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)». Por su parte, la fiscalía de París, que recibió decenas de denuncias dirigidas contra funcionarios del Estado, abrió el 9 de junio una investigación preliminar por «homicidio» y «puesta en peligro la vida de otras personas».