Es hasta mediados del próximo año, de acuerdo con una resolución publicada en el Boletín Oficial
El Ministerio de Agricultura declaró este lunes en «estado de emergencia y/o desastre agropecuario» a las provincias de Córdoba y Formosa, afectadas por incendios y sequías.
En el caso de Córdoba, se estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de 2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios. Esta decisión incluye a productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas) afectados por incendios en zonas productivas ocurridos durante agosto último, de acuerdo con una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
En cuanto a Formosa, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario se extenderá desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, para las explotaciones ganaderas y apícolas, afectadas por sequía, en todo el territorio provincial.
Además, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, se declaró la emergencia para las explotaciones agrícolas de cultivo de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra, afectadas por sequía, en todo el territorio formoseño.
De acuerdo con lo dispuesto en otra resolución, Agricultura determinó que los productores deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran afectados.
Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Afip, «arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en la Ley N° 26.509», según el texto oficial.
Esa Ley, sancionada en 2009, crea en el ámbito del Ministerio de Agricultura el «Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de emergencias y Desastres Agropecuarios», con el objetivo de «prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales».