Más de 850.000 madrileños de barrios del sur de la capital de España y localidades limítrofes están sometidos a la nueva medida, que busca frenar contagios
Más de 850.000 madrileños de barrios del sur de la capital de España y localidades limítrofes están sometidos desde hoy a restricciones de movilidad por el aumento de casos de coronavirus, una medida resistida por muchos vecinos que atribuyen al Gobierno regional una mala gestión y falta de recursos que perjudica a los barrios más pobres.
Antes de entrar en vigor las restricciones, ayer se llevaron a cabo protestas en varios de los barrios afectados con lemas como «No al confinamiento segregado» o «Ayuso dimisión», señalando que la decisión de confinar estas zona es resultado de una incompetencia de la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP).
En medio de una creciente tensión social en la región, Ayuso tenía previsto recibir al mediodía local al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en la sede del Ejecutivo madrileño.
La presidenta regional pedirá a Sánchez la colaboración del Ejército en las labores sanitarias -como la realización de test o el rastreo de casos- para doblegar la curva de contagios en los territorios de Madrid más castigados por la pandemia, pero dejará la vigilancia a cargo de la policía local, según la prensa española.
Los vecinos indignados con el confinamiento selectivo impuesto por Ayuso defienden que se trata de una medida ineficaz y estigmatizadora, ya que los residentes de estas zonas son principalmente personas que pertenecen a un segmento social muy expuesto al virus, como son los trabajadores del sector de los servicios, de la industria o comercial.
Insisten en que el Gobierno regional no invirtió el dinero suficiente para reforzar el sistema sanitario de atención primaria para realizar labores de prevención, detección de casos y rastreo.
De hecho, las madrileños confinados no tienen restringida la movilidad -salir o entrar del barrio- para ir a trabajar, por motivos sanitarios o fuerza mayor, mientras los niños también se pueden desplazar para ir al colegio.
La medida, que regirá 14 días, afecta a un total de 855.193 personas que viven en 26 «áreas sanitarias» de seis distritos de la capital y en 11 áreas de siete municipios de la región.
«No voy a consentir que una vez más se pisotee el Sur. No estoy en contra de las medidas, pero creo que han llegado tarde y deberían haber sido para todos», aseguró hoy el alcalde del municipio de Fuenlabrada, Javier Ayala, crítico con la decisión.
Entre las últimas restricciones, el Gobierno regional también volvió a limitar al 50% la ocupación en la hostelería y el comercio y un 30% en los lugares de culto y los velatorios; se cerraron parques y zonas de juego de niños, y las reuniones sociales se circunscribieron a un máximo de seis personas.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, advirtió que «toda la ciudad está en una situación complicada, y quien crea que por vivir en una zona determinada se salva, está equivocado».
En tanto, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, defendió que el confinamiento selectivo implantado es una decisión «técnica» en las zonas donde la «transmisión del virus es superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes», y recordó la recomendación a los vecinos de que se queden en sus domicilio.
«Se pretende un equilibrio entre bajar los contagios y que la vida siga», subrayó Ruiz Escudero, quien reiteró el pedido al Gobierno central para que se adopten controles en el aeropuerto internacional de Barajas, al considerar que es uno punto vulnerable de entrada del virus al país.