Así lo manifestó Pascolini, subsecretario de Hábitat de Buenos Aires, quien destacó que el déficit habitacional es "prioridad"
El subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, destacó este domingo que tanto para el presidente Alberto Fernández como para el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la solución de la problemática de la vivienda en sectores vulnerables es «prioridad» y denunció que «hay o que estimulan la toma y posterior venta de tierras que «hay que erradicar».
«En esto hay que ser tajante: hay que terminar con las tomas de tierras» en el distrito bonaerense, aseguró Pascolini, para quien la solución a la histórica problemática de la tierra y la vivienda debe contemplar «una fuerte articulación entre gobiernos, sindicatos, organizaciones sociales y colegios de profesionales».
En una entrevista con Télam, Pascolini dejó claro que las organizaciones sociales no tienen relación con estos hechos ilegales, sino que se trata de «organizaciones delictivas que ocupan grandes extensiones de tierra, parcelan y después las venden».
El funcionario precisó que «oficialmente hay más de 70 causas judiciales abiertas» radicadas en 40 lugares de la provincia respecto a toma de tierras, y agregó que en los últimos meses hubo algo más de 300 casos de intentos que fueron desactivadas rápidamente.
«Hoy hay seis casos de tomas de tierras grandes: dos en La Plata, una en Guernica, Presidente Perón, dos en La Matanza y una en Moreno, estas son las tomas importantes», dijo Pascolini.
Precisó que en lo que hace a la cantidad de familias involucradas en esas ocupaciones ilegales en la provincia de Buenos Aires, se cuentan «entre 3.500 y 4.000 familias».
El funcionario remarcó que desde el Gobierno nacional y el provincial ven con «preocupación» la situación que genera la ocupación ilegal de tierras y el posterior desalojo, cuando define la justicia.
«El mensaje que debemos dar es que hay que terminar con la toma de tierras, porque no significa más derechos para sus ocupantes sino con viviendas en las que no hay acceso al agua, ni a la electricidad, ni a una escritura, sin acceso a una calle por donde transite el colectivo o la ambulancia, por lo que la historia de la toma de tierras es muy negativa», subrayó.
Para el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia, dependiente del ministro de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque, la toma de tierras «tiene causas estructurales» a partir del déficit habitacional y urbanístico, que «no empezó en 2015, pero sí que se agravó durante los cuatro años de ajustes y achicamiento del Estado del gobierno anterior».
Nacido en Junín, provincia de Buenos Aires, Pascolini se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social «Padre Carlos Mugica» durante los años 2008-2014 y durante el 2015 fue el responsable de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, en la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
La toma de tierras, asumió el funcionario, «destapa que hay millones de argentinos sin una vivienda digna» y que así lo entienden el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof, que «plantearon con mucha claridad» la existencia de «una deuda histórica» en ese sentido.
«En los 12 años anteriores al macrismo se había hecho la inversión más importante en hábitat con 1.200.000 soluciones habitacionales a través de los planes federales de viviendas, que incluyó casi 200.000 viviendas nuevas con el Procrear y entrega de lotes con servicio, sin embargo los datos del déficit habitacional continuaba alto», recordó.
Hoy, para los gobiernos de Nación y provincia «la cuestión de la tierra y la construcción de viviendas es una de las prioridades más importantes», apuntó Pascolini.
Reconoció que «la respuesta habitacional no es una respuesta sencilla» sino que requiere de «la intervención del Estado nacional», pero también del «provincial y municipal», estos últimos «imprescindibles» porque «la Constitución argentina les reserva la facultad de administrar el uso del suelo, cuánto, qué y cómo se edifica».
Respecto a la toma de tierras, asumió que «hay un componente que no es nuevo que es la venta de tierras, que es un flagelo» y consideró que en ese aspecto «tiene que actuar la Justicia».
Recordó que desde su cartera se hicieron «las denuncias correspondientes» ante situaciones de venta de tierras en forma ilegal y que ahora «es la Justicia la que debe actuar con toda la fuerza de la ley».
Para Pascolini, «el camino a seguir es muy largo, de mucho diálogo, acuerdos y trabajo entre las partes, de los gobiernos y los vecinos, de esas familias, que están necesitadas de una vivienda».
En este marco, destacó la importancia de las organizaciones sociales, los sindicatos y, los colegios profesionales, de organizar entre todos esa demanda».
Para ello, dijo el funcionario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo completos relevamientos de tierras fiscales, nacionales, provinciales, municipales.
«Está toda la voluntad y toda la decisión para dar respuestas a esta problemática de la tierra y de la vivienda», dijo el funcionario al destacar la intención política de solucionar el problema de hábitat.
Informó que al día de hoy «el déficit habitacional proyectado en la provincia de Buenos Aires es de aproximadamente 1.240.000 familias que tienen problemas de viviendas y que de ese total se calcula que el 50 por ciento es déficit cuantitativo, es decir que necesita una vivienda nueva, y el otro 50 por ciento es déficit cualitativo, es decir que esas familias necesitan mejoramientos o ampliaciones de vivienda».
«En lo que hace a villas y asentamientos, hay registrados en la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, 1.807 barrios de los que se denominan barrios populares, con graves déficit urbanísticos, sociales, ambientales y de servicios públicos», concluyó.