El mandatario fue acusado de pedir a sus asesores que mintieran sobre la contratación de un cantante
El gobierno de Perú anunció este sábado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el Congreso vote la moción de vacancia (juicio político) que puede terminar en la destitución del presidente Martín Vizcarra, acusado de ordenar a asesores que mintieran sobre la supuesta contratación irregular de un cantante.
“Nuestro objetivo es que sea el máximo organismo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal por incapacidad moral permanente que se pretende imputar en forma equivocada e inconstitucional al presidente”, afirmó la ministra de Justicia, Ana Neyra.
En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, Neyra y el procurador para asuntos constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, precisaron que el lunes presentarán ante el TC una demanda de competencia y una medida cautelar, con el objeto de detener el procesamiento político del mandatario.
“Se espera que como toda medida cautelar que tiene que ver con el tema de garantizar la competencia del Ejecutivo para dirigir la política general de gobierno, sea resuelto lo más pronto posible”, explicó Huerta, según la agencia de noticias Andina.
Vizcarra quedó anoche al borde de la destitución, luego de que el Congreso unicameral admitiera la moción de vacancia, en una decisión que fue calificada como “golpe de estado” por el jefe de gabinete, general Walter Martos.
De acuerdo con las causas de vacancia presidencial establecidas por la Constitución, en este caso el Congreso solo podrá destituir a Vizcarra si alega su “incapacidad moral permanente”.
Si el TC no hace lugar a los recursos del Ejecutivo, la sesión para debatir y votar la vacancia -a la que Vizcarra podrá asistir si desea hacer un descargo- se realizará el viernes próximo, a partir de las 10, según resolvió la junta de jefes de bancadas luego de que se admitiera la moción.
Sin embargo, no es seguro que puedan reunirse los 87 votos necesarios para destituir al mandatario -según el diario limeño El Comercio-, que representan una cantidad más exigente que los 52 que se necesitaban para admitir la moción y que los 65 que la votaron a favor anoche.
El escándalo estalló en mayo pasado, cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por 10.000 dólares a Richard Cisneros, un cantante poco conocido, en plena pandemia de coronavirus y crisis económica.
El congresista que encabeza la comisión que investigaba el caso presentó el jueves tres audios en los que dos asesoras dicen que Cisneros entró hasta cinco veces al palacio presidencial y Vizcarra les pide que informaran al parlamento solo dos visitas.
“Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia, no voy a renunciar, no me voy a correr”, se defendió Vizcarra el mismo jueves, y dijo que el país estaba “ante un complot contra la democracia”.
Martos dijo, también antes de la sesión parlamentaria de anoche, que el presidente del Congreso, Manuel Merino, se comunicó con militares y sostuvo que “el llamado de Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional”.
El jueves, antes de que la moción de vacancia ingresara al Congreso, Merino llamó para informar y buscar respaldo a los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Marina, general César Astudillo -que no atendió el teléfono- y Fernando Cerdán, y los dos reportaron la novedad al ministro de Defensa, Jorge Chávez, según reveló hoy el sitio web IDL Reporteros.
“Como lo hice saber el jueves cuando exigí el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hoy debo rechazar rotundamente la actitud del señor Merino de realizar llamadas que no solo fueron imprudentes y fuera de lugar sino que colisionan con el orden democrático”, afirmó hoy Martos.
Mientras tanto, la Fiscalía Primera de Lima allanó esta madrugada ocho inmuebles vinculados con la investigación del caso que involucra a Vizcarra con la supuesta contratación irregular de Cisneros.
Además de la vivienda de Cisneros, la fiscalía allanó también las casas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura y las de dos mujeres relacionadas con el caso.
Vizcarra, que carece de partido y bancada propios, llegó al gobierno en marzo de 2018, cuando le tocó suceder a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció para evitar ser destituido en el segundo juicio político al que se lo sometió en tres meses.
En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso en uso de la facultad constitucional que le permite hacerlo si el parlamento deniega por segunda vez el voto de confianza a un gabinete dentro de un mismo período de gobierno. El actual parlamento surgió de nuevas elecciones en enero pasado.
Si Vizcarra fuera destituido, dado que no tiene vicepresidente, le correspondería asumir el Ejecutivo a Merino y convocar “de inmediato” a elecciones, según la Constitución, que sin embargo no precisa un plazo para ello.
