Fue publicado este sábado en el Boletín Oficial. Los detalles del decreto firmado por Alberto Fernández
El gobierno publicó hoy el DNU que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de internet y a la TV paga como servicios públicos.
Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, publicado este sábado en el Boletín Oficial y que argumentó que «el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión».
«La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas», indicó la norma rubricada por el presidente Alberto Fernández.
Además, resaltó que «las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social».
El Gobierno dio a conocer la determinación el viernes por la noche y anunció también que las tarifas de esos servicios quedarán congeladas hasta el 31 de diciembre.
De acuerdo con lo expresado por el presidente Alberto Fernández mediante su cuenta de la red social Twitter, ante esa decisión, se «garantizará el acceso» de los servicios para la población.
El DNU también apuntó al Gobierno anterior y subrayó que «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía».
Evaluó que ello se dio «contrariamente a lo previsto en la Constitución nacional, que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos».
Además, en la misma edición del Boletín Oficial el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la inversión de 3.000 millones de pesos para ejecutar el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).