La Justicia decidió acumular los procesos contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Israel. Se definió el Tribunal, pero no la fecha
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná decidió este viernes acumular las causas que tenía en su contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, suspender los debates previstos para la próxima semana, e inhibir a quienes habían intervenido como jueces en los procesos.
La decisión fue tomada por los vocales Elvio Garzón, José María Chemez y María Carolina Castagno, respecto a tres causas que se le siguen a Urribarri y otros acusados por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude.
Los vocales dieron lugar al pedido de los abogados defensores del ex gobernador, e inhibieron a sus pares Gustavo Pimentel, Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Gervasio Labriola, quienes habían intervenido en los procesos. En tanto, dispusieron que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná fije una nueva fecha de debate, donde se juzgarán a los acusados de las tres causas, a cargo de un Tribunal conformado por los tres vocales.
Si bien eran tres las causas, los fiscales Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes ya que todos se basan en la «utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial» de Urribarri en 2015.
Una de las causas investiga el desvío de $47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial en 2015.
Según los fiscales, se desviaron $4.308.500 destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y $14.561.870 para instalar un parador playero en Mar del Plata.
Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de $28 millones para contratar a la productora «Nelly Entertainment» de Jorge «Corcho» Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
Por otro lado, en otra causa afirman que entre 2010 y 2015 se otorgaron $24.204.918 para realizar publicidad callejera oficial, que habrían sido direccionados en favor de la empresa de un familiar de Urribarri.
También investigan la adjudicación de $1.000.000 en publicidad a diarios y revistas, a los que Urribarri no identificó, y $500.000 a Global Means SA.