El concejal Fabrizio Fiatti pidió avanzar con rapidez en el Concejo para adherir a la ley provincial y habilitar operativos conjuntos con la Policía

El oficialismo de Rosario busca acelerar el debate en el Concejo Municipal para aprobar antes de fin de año la ordenanza que permitirá implementar la prohibición de la actividad de los cuidacoches en la ciudad. La iniciativa apunta a adherir a la ley provincial N° 14.486 y establecer un esquema de controles, sanciones y posibles excepciones, además de contemplar un abordaje social para quienes actualmente trabajan en la vía pública.

El concejal Fabrizio Fiatti, integrante del bloque oficialista de Unidos y representante de Creo, defendió la necesidad de avanzar con el expediente y sostuvo que la adhesión local es indispensable para coordinar operativos entre las fuerzas de control municipal y la Policía de Santa Fe.

“Necesitamos tener la prohibición local para poder hacer cesar las conductas que molestan a los vecinos”, afirmó durante una entrevista en Radio 2.

Según explicó, la legislación provincial y la reglamentación del Ministerio de Seguridad establecen que cada municipio debe aprobar su propia normativa para poder formalizar el convenio que habilite la intervención conjunta. Sin esa ordenanza, los agentes municipales no contarían con el respaldo operativo de la Policía para actuar frente a estas situaciones.

“Necesitamos una ley para tener más herramientas para intervenir en la calle, no solo con los trabajadores de control municipal que tienen limitaciones porque no son una fuerza policial”, señaló Fiatti.

El proyecto ingresó al Palacio Vasallo el 15 de octubre, pero su tratamiento quedó postergado mientras el Concejo avanzaba con la discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte. Ahora, el oficialismo pretende darle prioridad en las próximas semanas.

“Esperamos también que la oposición entienda que esto hay que debatirlo para ayer”, planteó el edil.

Qué establece el proyecto de Javkin

La propuesta enviada por el intendente Pablo Javkin establece una restricción general para el ofrecimiento de espacios de estacionamiento, la guarda, el cuidado, el lavado y la limpieza de vehículos en la vía pública cuando esas actividades se realicen a cambio de dinero o cualquier otro beneficio, incluso si el pago es voluntario.

Sin embargo, el texto también contempla un régimen de excepción. El Ejecutivo municipal tendrá facultades para autorizar esas actividades en determinados sectores de la ciudad y bajo condiciones específicas, que deberán establecerse mediante una reglamentación.

Entre los antecedentes de este tipo de autorizaciones aparece el esquema que se implementa cada año durante la Fiesta de Colectividades.

La iniciativa también modifica el Código de Convivencia Ciudadana e incorpora sanciones diferenciadas según la conducta y las circunstancias en las que se desarrolle la actividad.

Las multas y sanciones previstas

El proyecto establece distintas escalas de sanciones para quienes realicen tareas de cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos sin autorización.

Para quienes ofrezcan esos servicios a cambio de una retribución económica, la propuesta contempla entre 15 y 80 horas de tareas educativas y concientizadoras, sin multa económica en ese supuesto.

La sanción aumenta cuando aparecen circunstancias agravantes. En esos casos, se prevén multas de entre 10 y 200 unidades fijas (UF) y de 30 a 160 horas de tareas educativas.

Entre las situaciones consideradas agravantes figuran:

• El uso de violencia o amenazas contra personas o bienes.
• El desarrollo de la actividad en zonas de estacionamiento medido.
• La presencia en un radio de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y la hora posterior.
• El aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad por género, edad o discapacidad.
• La actividad en horario nocturno, entre las 18 y las 6.
• La realización de estas tareas en zonas escolares, bancarias o de edificios públicos.

Para quienes actúen como organizadores, coordinadores o responsables, el proyecto establece multas de entre 20 y 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias.

Tomando como referencia los valores de octubre, las multas previstas van desde los $23.270 hasta los $465.400 para las infracciones agravadas. En el caso de organizadores, coordinadores o responsables, pueden alcanzar los $930.800. Los montos en pesos se modificarán de acuerdo con las actualizaciones de la unidad fija.

Además, se contempla el decomiso de los elementos utilizados para desarrollar la actividad.

El régimen municipal debe distinguirse de las sanciones previstas en la legislación provincial, que contempla penas de arresto de entre 10 y 20 días para los casos de reincidencia, con posibles agravantes.

El abordaje social y la reconversión laboral

Uno de los puntos que el oficialismo busca destacar es que la iniciativa no se limita a la prohibición y los controles. El proyecto también establece que el gabinete social municipal, en coordinación con la Provincia, deberá implementar acciones de prevención e inclusión destinadas a las personas alcanzadas por la medida.

Entre las herramientas previstas aparecen la formación en oficios, el acompañamiento a emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con programas de empleo.

También se contempla facilitar la finalización de los estudios primarios y secundarios y garantizar el acceso a programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

El texto establece, además, que esa estrategia deberá contar con evaluaciones periódicas para medir sus resultados.

Fiatti sostuvo que el propio Javkin pidió incorporar esta dimensión al proyecto. “El intendente nos indicó que va a haber un abordaje social. El mensaje del intendente también cubre este aspecto que para nosotros es delicado y sensible. Por eso la urgencia”, concluyó.

El expediente comenzó a debatirse en la comisión de Obras Públicas y se espera que las discusiones continúen en el Concejo. El oficialismo apuesta a acelerar su tratamiento para que Rosario pueda adherir formalmente a la normativa provincial y poner en marcha el nuevo esquema de intervención.