Apunta también a "repoblar la Argentina" con nuevos pueblos y entregar tierras a comunidades agrarias, entre otros puntos. La propuesta surgió de Grabois
En una iniciativa inédita, sindicatos tradicionales y movimientos sociales se unieron con el auspicio de la Iglesia para lanzar esta tarde el Plan de Desarrollo Humano Integral, un “anteproyecto” que propone crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas, en lo que uno de sus impulsores, el dirigente social Juan Grabois, había calificado como un “Plan Marshall criollo”.
Sus impulsores aseguran que con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.
Aunque esta versión local es más modesta, el Plan Marshall fue un programa mediante el cual Estados Unidos procuró la recuperación económica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.
La propuesta surgió de Grabois, líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y fue conversada en los últimos meses con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes se sumaron a la iniciativa que también incluye la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.
“Venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo porque los trabajadores que represento entran y salen de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad y uno de los sectores apropiados es la construcción”, dijo a Infobae Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas que participó de esta propuesta, que ahora será presentada al Gobierno para que sea analizada.
El plan contempla una inversión inicial con un costo de $750.000 millones anuales y, según lo que proponen sus organizadores, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. El resto se va a financiar “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”.
La iniciativa fue anticipada a principios de mayo al presidente Alberto Fernández por Grabois durante un encuentro en la Quinta de Olivos y luego a la vicepresidenta Cristina Kirchner por representantes de esa misma agrupación.
De la presentación del plan, que se realizó en la sede del gremio de la construcción, en la Avenida Belgrano al 1800, Capital, participaron los sindicalistas Martínez (UOCRA), Moyano (Camioneros), Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Avalos (SMATA) y los dirigentes sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros, además de representantes de la Iglesia (aunque no estuvo, uno de los que participó de las conversaciones iniciales fue el obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara).
Esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal.
Los gremios tradicionales ven organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por Castro e integrada por Grabois, una amenaza para el sistema de recaudación sindical y de obras sociales, ya que busca ser reconocida por la CGT y que los trabajadores informales aporten a la seguridad social para tener cobertura médica y jubilación.
La propuesta presentada por sindicatos y movimientos sociales en un documento de 40 páginas incluye los siguientes puntos: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.
Respecto del fomento de la construcción y la integración urbana, el primer punto del plan, sus impulsores procuran “una alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la economía popular”, para el cual propone “una planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, diseñado para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales”.