Para los Senadores de Juntos por el Cambio "produciría su aprobación en las causas penales por corrupción"
Senadores de Juntos por el Cambio expresaron este viernes su preocupación ante el proyecto de moratoria enviado a la Cámara de Diputados por el Gobierno para reestructurar el pago de deudas impositivas y previsionales y los «efectos» que, dijeron, «produciría su aprobación en las causas penales por corrupción» que investiga la Justicia.
La iniciativa en cuestión comenzó a ser debatida esta semana en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y podría obtener dictamen favorable el martes, de acuerdo a fuentes parlamentarias del oficialismo.
Si bien la iniciativa enviada por el Gobierno nacional tiene respaldo opositor, el interbloque Juntos por el Cambio anticipó que pedirá que se mantenga el artículo 8 de la ley de Solidaridad Social para que no puedan ingresar a la moratoria los deudores del juego y del impuesto a los combustibles y se establezca un premio a los cumplidores.
En un proyecto de comunicación difundido esta tarde, firmado por 19 senadores del interbloque que conduce Luis Naidenoff, se solicitaron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de «analizar los alcances y consecuencias del proyecto remitido».
En el primer punto del proyecto, los legisladores piden informes sobre «el monto de los períodos 2010 a 2015 y de 2016 a 2019 del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ITC) declarado por los sujetos obligados discriminando en forma clara y precisa, monto declarado, monto ingresado y monto adeudado».
También pidieron precisiones sobre cantidad de «contribuyentes imputados, o sus directivos o responsables, por delitos penal tributarios que podrían acceder al régimen y por qué montos».
En los fundamentos de la solicitud, expresaron que «la verdadera causa de la pobreza en la Argentina es la corrupción» y advirtieron que «lo que le falta a los humildes de esta tierra rica, es lo que le han robado los corruptos desde el Estado».
«El presente pedido de informes tiene un objeto sencillo: busca obtener información básica sobre el proyecto de ley remitido por el PEN que permita entender si a través del mismo se pretende robarle al pueblo argentino, otorgando más prebendas legales a quienes son investigados por graves delitos de corrupción», agregan en el texto.
Los senadores declararon que es «necesario entender si este proyecto de ley no es más que otro paso en la búsqueda de impunidad de quienes han saqueado al pueblo argentino» y «ante un intento de exculpar a quienes se han quedado con el dinero del pueblo».
En ese sentido mencionaron el caso de OIL Combustibles SA, que tramita en la justicia penal federal, según el cual «durante los años previos al gobierno de Cambiemos, percibieron esos impuestos de los consumidores, pero en lugar de hacer su ingreso como agentes de percepción al Estado, retuvieron el dinero y se los apropiaron indebidamente con la connivencia del Estado que permitió alegremente este verdadero saqueo de las arcas públicas»