España entró el domingo pasado en lo que el gobierno denomina la "nueva normalidad" o la etapa de "convivencia con el coronavirus"
El gobierno español aseguró hoy que no contempla volver a decretar el estado de alarma, que permite restringir la movilidad de la población, «ni en corto ni mediano plazo», pese a que en el país hay varios brotes de coronavirus activos en paralelo al inicio esta semana de la nueva etapa de convivencia con la enfermedad.
Así lo aseguró la vocera del gobierno, María Jesús Montero, quien se vio obligada a matizar unas declaraciones previas de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que habían hecho saltar las alertas del sector turístico, el más perjudicado por la restricción de la movilidad y en el que están depositadas las esperanzas para la recuperación económica.
«Si llegara el momento de que tengamos una situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, sino en todo», advirtió Calvo en declaraciones al canal Antena 3.
Horas después, ante la incertidumbre y el riesgo de que la población entendiera que la marcha atrás estaba a la vuelta de la esquina, Montero afirmó que mientras no se puede excluir el estado de alarma, actualmente no se contempla.
«El gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo reactivar el estado de alarma. La pandemia está en este momento controlada. Cada vez asistimos a un número menor de contagios y personas fallecidas», dijo Montero en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en Madrid.
Montero subrayó que «existen los instrumentos necesarios para poder hacer frente al coronavirus sin iniciativas extraordinarias».
«Si la situación del país cambiara de forma drástica, circunstancia que no está en los datos, el gobierno activaría todos los mecanismos», añadió la también ministra de Hacienda, en un momento en el que los 12 brotes activos de coronavirus están «bajo control».
Calvo, por su parte, señaló que la situación está «dentro de lo previsible», pero remarcó que los rebrotes van a seguir apareciendo, de ahí la necesidad de controlarlos con rapidez.
«El brote de la residencia de ancianos está aislado y bajo control. Nada hace pensar que tuviésemos que tomar medidas de confinamiento, pero si fuese el caso lo haremos» dijo la vocera del gobierno catalán, Meritxell Budó.
España entró el domingo pasado en lo que el gobierno denomina la «nueva normalidad» o la etapa de «convivencia con el coronavirus», tras permanecer tres meses bajo estado de alarma, medida que permitió imponer un duro confinamiento a la población, que se fue relajando desde finales de abril, una vez controlado el brote local, que dejó más de 28.000 muertos.
Además, en simultáneo, el gobierno reabrió las fronteras a los viajeros procedentes de los países de la Unión Europea (UE), salvo con Portugal, que lo hará el 1 de julio, cuando también comenzarán a llegar extranjeros de países de afuera del bloque.
Las autoridades españolas trabajan con la hipótesis de que el mayor riesgo a partir de ahora está en detectar los casos «importados» de forma precoz para mantener controlada la situación y no tener que dar una marcha atrás generalizada.
En ese sentido, la seguridad en los aeropuertos y puertos es clave, y varios partidos reclamaron a la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que adopte medidas efectivas en el aeropuerto internacional de Barajas.
No obstante, las autoridades de AENA -el operador aeroportuario- afirman que España es de los países europeos que más medidas han adoptado, con controles exigentes, como la toma de temperatura por medio de cámaras térmicas y un formulario con datos para un posible rastreo.