El Poder Ejecutivo envió al Congreso la propuesta de ley. Si se aprueba, los incrementos de los haberes previsionales seguirán efectuándose por decreto hasta fin de año de forma discrecional
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, en el marco de la emergencia por la pandemia de Covid-19, ingresó hoy a la Cámara de Diputados.
Si el Congreso acompaña la iniciativa del Gobierno, los incrementos de los haberes previsionales seguirán efectuándose por decreto hasta fin de año de forma discrecional.
«Durante este período, el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y a las beneficiarias de menores ingresos», señala el proyecto.
A su vez, la normativa propuesta prorroga por el mismo plazo la actividad de la comisión especial creada por la ley 27.541 de Emergencia -integrada por representantes de las carteras de Economía y Trabajo, senadores y diputados nacionales- encargada del diseño de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
En los fundamentos de la iniciativa, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se explica que producto de las «distorsiones» y la «volatilidad» que hay en la actividad económica producto de la pandemia de coronavirus, con salarios reales a la baja, «resulta imposible» construir «una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable».
Según advierten, el valor de la RIPTE, que mide la evolución salarial, «se encontrará fuertemente afectado por la disminución de las remuneraciones imponibles, producto de los acuerdos que posibilitaron la suspensión total o parcial de trabajadores o la reducción de la remuneración imponible, la ausencia o disminución de horas extras, entre otros aspectos».
Desde Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo a la decisión gubernamental de prolongar la suspensión de los efectos de la ley vigente, aprobado en el Congreso en diciembre de 2017, en medio de violentos enfrentamientos que sucedieron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
«Nosotros nos hemos opuesto porque claramente le quita previsibilidad a los jubilados sobre los aumentos que tendrán. Viola con eso la pauta constitucional de que la movilidad jubilatoria debe estar establecido por ley», explicó el diputado radical Alejandro Cacace, quien integra la comisión especial que hasta fin de año tendrá tiempo para elaborar la nueva fórmula.
El legislador opositor advirtió que «ya hubo un perjuicio» para los jubilados con los aumentos de marzo y de junio que otorgaron entre 540 y 14.000 pesos menos de beneficio de lo que hubiera correspondido por la ley de movilidad».
«Hasta tanto discutamos una nueva ley de movilidad debe regir la ley actual y no debe haber discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo», indicó.