Emanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos Rosario, detalló en diálogo con CLG Radio los puntos a tener en cuenta sobre la regulación en este área durante la pandemia
El congelamiento de los montos de alquiler, la prohibición del desalojo y la posibilidad de pagar por medio de transferencia bancaria son algunas de las medidas aplicadas a favor de los inquilinos en el marco de la pandemia. Sin embargo, no todas las partes las han cumplido y un amplio número de locatarios se ha encontrado con problemas desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a esta parte. Emanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos Rosario, explicó a CLG Radio los detalles importantes a tener en cuenta.
En el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus, la administración nacional ha implementado una serie de medidas económicas y sociales. Entre ellas se encuentra el Decreto 320/2020, la normativa que contempla la situación de las personas que alquilan su vivienda, oficializado el 29 de marzo de este año.
«El decreto sigue en pie», aclaró Canelli para comenzar. Es que con la habilitación del funcionamiento de las inmobiliarias y las mudanzas en la última semana a partir de la flexibilización de la cuarentena han surgido varios cuestionamientos. «Las mudanzas se habilitaron para las situaciones en las que era necesario, pero no tiene nada que ver. Los desalojos están prohibidos», enfatizó.
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Así, consideró importante destacar que «todos los contratos que hayan finalizado entre el 20 de marzo hasta el 31 de agosto, se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de septiembre». Por ende, no porque se hayan permitido las mudanzas, pueden forzarlos a dejar la vivienda.
En esa misma línea, señaló: «Se congelaron todos los alquileres al precio de mayo, ni siquiera retroactivo para quienes se les haya vencido el contrato, siguen pagando lo mismo hasta septiembre. Y renegociarán un nuevo contrato a partir de octubre».
Según el relevamiento de la Federación de Inquilinos a través de la Encuesta Nacional de Inquilinos, en la provincia de Santa Fe, el 65% de las personas que alquilan no pudo pagar el mes de mayo. «Para esas deudas está estipulado que a partir de octubre se genere un acuerdo de plan de pago, en el que las partes se ponen definen en cuántas cuotas hacerlo, puede ser entre tres y seis o más si ambos están de acuerdo», explicó. A lo que añadió: «El interés que se puede aplicar a esa deuda tiene un tope, que es el que tenga planteado el Banco Central para los plazos fijos en octubre». Es decir, no existe punitorio por la imposibilidad de pago, sino un interés que se fijará de esa forma.
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Otro de los puntos importantes a aclarar es la posibilidad de pagar a través de transferencia bancaria. El decreto establece explícitamente: «La parte locadora, dentro de los VEINTE (20) días de entrada en vigencia del presente decreto, deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada». Por ende, no es opcional.
«Aproximadamente, el 45% no recibió el CBU. Hay otros que lo entregan con un aumento, se cobra algo por la transferencia bancaria. Con eso están trasladando el impuesto del que se tienen que hacer cargo ellos, no el inquilino. Al CBU hay que exigirlo», declaró Canelli. Asimismo, analizó: «Si bien se ha ido flexibilizando el aislamiento, hay que tratar de evitar el contacto. Ir a una oficina a pagar el alquiler se puede evitar con una transferencia bancaria. No lo quieren dar para mantenerse en la informalidad».
Para finalizar, el integrante de la Asociación de Inquilinos Rosario invitó a todos aquellos que lo necesiten a escribirles a través de Twitter, Instagram o Facebook. «Que nos contacten a nosotros y vamos accionando conjuntamente. El inquilino plantea sus derechos a la inmobiliaria, a veces basta y a veces no. Ahí vamos nosotros. Sino se sigue por las vías legales», cerró.