El decreto N°0337/20 dispone sanciones severas para los empleados estatales que no respeten la cuarentena obligatoria. Los diputados radicales Maximiliano Pullaro y Sergio Basile piden que se derogue
A través del decreto 337/2020, el gobierno provincial dispuso sanciones severas para los trabajadores estatales que no respeten la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia del coronavirus. El decreto 337/2020 cayó mal en el sector gremial y ahora los diputados radicales Maximiliano Pullaro y Sergio Basile piden que se derogue.
La norma entró en vigencia el 11 de abril de este año y desde entonces tiene efecto sobre aquellos agentes públicos que “presuntamente” violen la cuarentena. Sin embargo, tal como se detalla en los fundamentos del proyecto, existe deja lugar a una liviandad en la interpretación del Poder Ejecutivo, soslayando las facultades del Poder Legislativo y el Judicial.
“Es preocupante, el Ejecutivo a través de la redacción del decreto da por cierta y probada la presunta ‘vulneración’ del Código Penal a partir de una simple ‘constatación fehaciente’ obtenida en ocasión de procedimientos de control o por otros medios. Eso lo habilita para avanzar sobre atribuciones que son propias de esta Legislatura”, manifestó Pullaro.
“El decreto no sólo pone en riesgo garantías y derechos fundamentales de los trabajadores públicos provinciales, dejándolos expuesto a la discrecionalidad que el Ejecutivo pretende asumir, más allá de la razonabilidad que toda norma debe contener, sino que avasalla las atribuciones exclusivas de esta Legislatura, atribuyéndose facultades que no les son propias”, añadió el ex ministro de Seguridad.
Al respecto, el diputado Sergio Basile, explicó: “Estamos atravesando un momento social complejo y consideramos que el Estado debe ser un agente de contención y no de castigo. En este sentido, el decreto que firmó el gobernador, pone en jaque la continuidad y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público, ya que son pasibles de ser sumariados y consecuentemente, sancionados administrativamente, con fundamento en una presunta conducta infractora”.
“Además no tiene otro fin que el de poner a la administración central en el rol de ‘poder de policía’ y amedrentar el comportamiento de los trabajadores de la administración pública ‘por las dudas’ rompan con la cuarentena, dándole al Estado un rol que raya la extralimitación de sus poderes”, agregó.