El fiscal regional de Rosario fue imputado por comprar dos vehículos a un empresario al que le había cerrado una causa por un delito económico
La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura se reunió este mediodía para analizar el estado de la investigación abierta al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, a raíz de un hecho de presunta incompatibilidad ética en el desempeño de sus funciones. El diputado que actuó como instructor sostuvo que hay causales de mal desempeño y de transgresión ética por lo que recomendó la suspensión por seis meses de su cargo. La comisión escuchará el descargo del funcionario y recién entonces se pronunciará sobre el planteo.
El motivo de la investigación es un hecho en controversia. El fsical regional confirmó el archivo de una causa penal, por inexistencia de delito, al dueño de una concesionaria de vehículos, quien había sido denunciado por el vaciamiento de otra empresa. Menos de un mes después del cierre del caso adquirió dos autos 0 kilómetros por valor de unos dos millones de pesos, que inscribió a nombre de él y de su esposa, al empresario beneficiado con el archivo de la causa.
La comisión funcionó con la presencia unánime de sus integrantes. Al inicio de la sesión el diputado Carlos del Frade, que actúa como acusador, detalló lo actuado hasta el momento en la investigación abierta en diciembre del año pasado. Al final acusó al fiscal por mal desempeño y pidió su suspensión por seis meses.
El fiscal regional de Rosario es el responsable de ochenta fiscales que se desempeñan en Rosario, San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. Su cargo supone el manejo en esta jurisdicción, la mayor de la provincia, de la política de persecución del delito. Tanto en su descargo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como ante la presentación de la investigación de la Legislatura defendió tajantemente una posición de no haber cometido ni mal desempeño ni transgresión ética.
El incidente que lo tiene ahora sometido a un proceso disciplinario fue informado a la Legislatura por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, en noviembre de 2019. Baclini primero apartó al fiscal regional de la causa relacionada con el empresario favorecido por el archivo del caso la que fue reabierta. Luego remitió los antecedentes a los legisladores que deben establecer si en su intervención en el caso y posterior compra de vehículos se verifica una acción de mal desempeño o alguna inconsistencia ética.
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En su exposición el diputado del Frade señaló que a su entender el fiscal violentó la ley 13230 de Etica Pública que sostiene que los funcionarios públicos deben observar los principios de honestidad, probidad, rectitud y buena fe que prescribe esa norma, lo que incluye no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización u omisión de un acto inherente a sus funciones. También señaló que la ley exige procurar a los funcionarios, en su vida privada como profesional, evitar comportamientos o actitudes que comprometan su autoridad.
En la sesión fue presentada una filmina con una línea de tiempo que indica cómo fue la causa judicial que terminó en el dictado de un archivo favoreciendo al empresario denunciado, cómo el fiscal regional produjo la compra al mes de los dos vehículos al empresario desvinculado. También figuró allí la decisión de la diputada Alicia Gutiérrez recomendando la investigación por mal desempeño, el descargo del fiscal regional de Rosario hasta la presentación hoy del informe de lo actuado.
Para el diputado instructor, el fiscal regional también violentó disposiciones de la ley 13.013 del Ministerio Público del MPA, en cuanto a haberse presuntamente apartado de sus deberes de objetividad. También por transgredir el artículo 46.3 que prohíbe al funcionario solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio de parte de personas con las cuales se relacione en razón del desempeño de sus funciones.
En la comisión estuvieron presentes todos sus integrantes. Acudieron los senadores Raúl Gramajo (presidente), Lisandro Enrico, Pirola y Alcides Calvo. También los diputados Gabriel Real, Leandro Busatto, Gabriel Chumpitaz, Fabián Bastía, Lionella Cattalini, Maximiliano Pullaro y Pablo Farías.
El pleito del que el fiscal confirmó el cierre había sido previamente cerrado por dos fiscales de primera instancia. Ese pleito enfrentaba a Omar Augusto Santero, de la firma Carrocería Sudamericana, contra Rómulo González, el denunciado, al que acusaba de haber vaciado la firma antedicha en favorecimiento de la empresa AutoRosario, concesionaria oficial de Toyota en Rosario.
Tras el archivo de la causa se estableció que el fiscal regional renunció a un plan de pagos de un vehículo que tenía contratado con anterioridad y terminó comprando en Auto Rosario un Toyota Etios y un Toyota Corolla a 29 días de dar la instrucción del archivo de la causa que tenía a González como denunciado.
Esta disputa legal estuvo sujeta durante cinco años, según los abogados querellantes, a demoras incomprensibles, con cambios de fiscales, hasta que finalmente fue cerrada. En noviembre Baclini ordenó la reapertura de la causa para su revisión frente a la inconsistencia aparente de los motivos para su archivo.