Se confirmó la dimitiva de Gonzalo Calvo en el cargo de secretario de Articulación de Política Social y la asunción en su puesto de Erika Roffler
El gobierno oficializó este viernes la renuncia del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social involucrado en la frustrada compra de alimentos a precios mayores a los establecidos, a la vez que quedó formalmente designada su sucesora.
A través del Decreto 419/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández aceptó la dimisión de Gonzalo Calvo, quien se desempeñaba como secretario de Articulación de Política Social.
El ex funcionario nacional fue el principal apuntado por la compra de alimentos a precios mayores a los fijados por el gobierno, operación que derivó en una polémica y que debió ser anulada.
La polémica se había generado el pasado lunes 6 de abril, en el marco de la adquisición de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social para entregarlos a familias, comedores y organizaciones sociales ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus: la renuncia de Calvo se hizo efectiva 24 horas después.
En tanto, mediante el Decreto 420/2020, fue formalmente designada Erika Roffler como nueva secretaria de Articulación de Política Social.
La funcionaria nacional se venía desempeñando como jefa de la Unidad Gabinete de Asesores del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El titular de la cartera social había exigido la renuncia de otros 15 funcionarios, además de Gonzalo Calvo.
La justificación que esgrimieron los acusados fue que aprobaron la licitación ante la disyuntiva de comprar alimentos a precios mayores o no hacerlo, lo cual derivaría en la imposibilidad de asistir a los sectores más vulnerables en medio de la dura crisis que desató la pandemia de coronavirus.
Asimismo, la polémica generada sirvió como una suerte de bisagra para el sistema de contrataciones del Estado, ya que luego se estableció por decreto que ningún producto podía ser comprado a precios mayores a los fijados por el gobierno.
También se visibilizó así la «cartelización de los proveedores», según denunció Arroyo en distintas oportunidades.
En lo que respecta a la investigación del hecho, se inició un sumario administrativo interno y una causa judicial, que está en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Rodolfo Canicoba Corral luego de la denuncia presentada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.