Los cuatro efectivos, que fueron imputados este sábado, habían sido detenidos el pasado miércoles en una entrega controlada de dinero en zona sur
Los cuatro gendarmes detenidos el pasado miércoles por la noche en la zona sur de la ciudad acusados de extorsión, robo, lesiones y allanamiento sin orden judicial fueron imputados este sábado y quedaron presos.
Los gendarmes imputados fueron el alférez Roberto Nicolás Florentín, el cabo Juan Ramón Galván, el cabo primero Armando Daniel Moreira y el sargento primero Néstor Manuel Cabrera. El fiscal de Flagrancia Gastón Ávila los acusó por haber allanado sin orden judicial a un hombre que vive en Presidente Quintana al 100, en la zona sur de Rosario.
Según indicó el fiscal Ávila, en la vivienda a la que ingresaron sin autorización judicial, los gendarmes robaron siete mil pesos, golpearon al dueño de la casa, le exigieron armas y droga. Además, lo obligaron a subir a una camioneta –sería un móvil oficial de la fuerza federal– y le exigieron el pago de 200 mil pesos para no llevarlo detenido. Le pusieron como plazo la entrega de la plata hasta el miércoles a las 21.
Los gendarmes, con el denunciante abordo del móvil oficial, recorrieron varias calles de la zona sur de la ciudad y recién lo liberaron en Lola Mora y Lorenzini.
La víctima denunció la situación y se planificó una «entrega controlada» de dinero en Lola Mora y Grandoli el pasado miércoles por la noche. Agentes de la División Judiciales de la Unidad Regional II detuvieron a los gendarmes, que llegaron al lugar divididos en dos vehículos, uno un móvil oficial.
El fiscal Ávila acusó a los agentes federales por los delitos de allanamiento ilegal en concurso real con robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, con armas de fuego y por ser ejecutado por miembros integrantes de las fuerzas de seguridad, en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida con violencia o amenazas, en concurso real con extorsión.
La jueza penal de primera instancia María Isabel Más Varela hizo lugar a la calificación legal presentada por el fiscal y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley, es decir, dos años.