La coordinadora provincial de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) habló con CLG sobre el aumento de los casos de violencia de género durante el aislamiento por el coronavirus
El aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional por la pandemia del coronavirus acarreaba una problemática que se temía que se podía agravar: la violencia de género hacia las mujeres. Al verse obligadas a permanecer en sus hogares y convivir con sus agresores, el riesgo de recibir algún tipo de violencia o incluso ser asesinadas se tornaba mayor, algo que finalmente sucedió. En Argentina ya hubo 20 femicidios desde los días previos de la cuarentena hasta la actualidad, según denunció Sofía Botto, coordinadora provincial de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en diálogo con CLG. Frente a esta situación, la militante feminista analizó si los anuncios de medidas que hicieron los distintos niveles de gobiernos son suficientes.
«La preocupación que manifestamos al principio de la cuarentena, tanto nosotras como organizaciones internacionales, se basaba en que, estadísticamente, el 60% de los femicidios se dan en el hogar de la víctima. Teniendo en cuenta esto, el encierro agrava más la situación porque se aumentan las tensiones y el hecho de estar encerrada con el agresor imposibilita que la mujer salga a buscar ayuda, pueda llamar por teléfono o haga una denuncia en los centros territoriales», explicó Botto.
Según mencionó la joven que participa en la organización política Libres del Sur, desde los días previos a que se declaró la cuarentena obligatoria, cuando por ejemplo los chicos ya no asistían a clases y quedaban al cuidado de sus madres, se registraron 20 femicidios, de los cuales dos ocurrieron en la provincia de Santa Fe. En total, el Observatorio Mumalá contabilizó 96 asesinatos de mujeres a manos de hombres en lo que va del año, una cifra que ya han visto en ocasiones anteriores a esta altura del año.
Botto señaló que las limitaciones a las que hacía mención fueron apareciendo y se fueron dando algunas respuestas, en cuanto a «no sólo tener un número de teléfono para llamar sino también un número para escribir». En este sentido, destacó que «hubo un rol importante de las organizaciones al articular el territorio y el Estado». Y agregó: «Las respuestas eran necesarias y trascienden la cuestión del encierro, como por ejemplo el número de WhatsApp, que deberá tener continuidad porque la dinámica de la violencia hace que la mujer no pueda comunicarse todo el tiempo sino cuando encuentra un momento».
Dicho número (3415781509) surgió desde la Municipalidad de Rosario como complemento del Teléfono Verde (0800 444 0420) y la línea 144, vías de comunicación que atienden y asesoran a víctimas de violencia de género.
«Es un tema complejo sin cuarentena y ahora se complejiza más porque cambian las formas de intervención y no tenemos la certeza de que a todas las mujeres, a pesar del gran esfuerzo que se hace, le llegue la información de dónde tienen que denunciar y pedir ayuda», expresó la referente de Mumalá.
Para Botto, si bien hay iniciativas innovadoras, como por ejemplo que una mujer pueda llamar a Fiscalía o mandar un mail, aún se debe «ordenar la información que se está brindando y abordar las dificultades que acarrea la situación económica, dado que no se destinan subsidios específicos a mujeres que están atravesando situaciones de violencia». Además, pidió que cambie el criterio en la admisión de mujeres en las casas de protección, «ya que hoy evalúan el riesgo de vida de las mujeres, cuando en este contexto sería bueno que se amplifique el criterio a mujeres que soliciten el ingreso a estos lugares porque están encerradas con sus agresores», argumentó.
Días atrás, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en articulación con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzó una campaña llamada «barbijo rojo». Quienes sufren violencia de género en su hogar tienen la posibilidad de decir esa contraseña en farmacias, ya sea en forma presencial o por teléfono, para pedir ayuda y que el comercio aplique el protocolo a seguir.
La entrevistada consideró que «es una idea positiva en cuanto a generar más estrategias desde las mujeres para poder denunciar o pedir ayuda», pero aclaró que «no quita el acompañamiento del Estado». «Se están brindando un montón de nuevos canales de denuncias y asesoramientos pero la complejidad radica en cómo es el abordaje y la respuesta de esas situaciones, sobre todo para los grupos más vulnerables», concluyó Botto.