El cierre se dio en el marco de la pandemia del coronavirus, que fue utilizada como primera excusa por el oficialismo para implementar esta ley
El oficialismo en Hungría aprobó cerrar el Parlamento con la pandemia del coronavirus como principal argumento. En la otra vereda casi toda la oposición en contra una ley que suspendió la actividad legislativa y le otorga poderes totales al primer ministro Viktor Orban hasta que él declare que la crisis ha terminado.
La ley, que se cree será rápidamente promulgada por el presidente János Áder, un aliado de Orban, establece que el Parlamento dejará de funcionar y el primer ministro podrá gobernar vía decretos. Podrá suspender, reemplazar o cambiar leyes ya existentes y no podrá haber elecciones mientras dure «la crisis».
Además, la nueva norma aumenta las sanciones para los periodistas que, según el gobierno, no estén informando correctamente sobre la pandemia e incrementa las penas para aquellos que violen el confinamiento general.
-Viktor Orban-
El gobierno también podrá bloquear cualquier información que, en su opinión, «imposibilite la defensa» pública contra la pandemia, según la agencia de noticias EFE.
Casi toda la oposición votó en contra. Solo el partido de extrema derecha Nuestra Patria votó junto al oficialismo que dirige Orban.
La oposición había pedido que se ponga un límite de tiempo al estado de crisis, 90 días, con posibilidad de extenderlo con un nuevo voto del Parlamento. Sin embargo, el oficialismo se negó.
«No podemos reaccionar con rapidez si hay debates y largos procedimientos legislativos y legales. Y en tiempos de crisis y epidemia, la habilidad de responder con rapidez puede salvar vidas», había argumentado la semana pasada el premier en un programa de radio.
En Hungría hay 447 casos de infectados confirmados y 15 muertos, cifras relativamente bajas en comparación a otros países europeos vecinos.
Ningún otro país del mundo o de la Unión Europea tomó una medida institucionalmente tan drástica como la que aprobó hoy el Parlamento húngaro y que varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Comité Helsinki calificaron como un intento de obtener «poder ilimitado».