Es en la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en Pergamino y en zonas urbanas
La Justicia confirmó en las últimas horas la competencia federal en la investigación por el uso de agroquímicos en la localidad bonaerense de Pergamino.
La confirmación se da porque la Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso que había sido interpuesto por el intendente de esa localidad, Javier Martínez, y ratificó así la competencia federal en la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en Pergamino y en zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la «presencia de daño genético en los organismos de las personas» afectadas.
En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la resolución que fue adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará, fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El intendente sostenía que no se encuentra acreditada que «la supuesta contaminación» en «una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones».
En el fallo, se reseñaron los argumentos de Di Lello, quien había resaltado que «el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación».
Y se agregó que «una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud», no obstante persistan medidas en tal sentido.
El juez Barbará señaló en el nuevo fallo, al declarar que la causa siga en la Justicia Federal, que «los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada».
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos de la Fiscalía y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite «restrictivo y de exclusión» de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente «a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino».