La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dijo al canal estatal TV Perú que "lo recomendable será que el Estado tenga mejores políticas de prevención y sanción contra los agresores"
Abogados constitucionalistas y una jueza de Perú rechazaron este lunes la posibilidad de instaurar en el país la pena de muerte para femicidas y violadores, admitida por el presidente Martín Vizcarra.
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dijo al canal estatal TV Perú que «lo recomendable será que el Estado tenga mejores políticas de prevención y sanción contra los agresores».
«Somos un país que está inmerso dentro del ordenamiento de la región, donde hemos celebrado pactos, donde nos hemos comprometido a realizar determinadas acciones, a velar por la vida», advirtió.
«No significa que matando a las personas vamos a ingresar a una fase donde todo va a ser paz y convivencia armoniosa», agregó la jueza.
La abogada constitucionalista Érika García Cobián advirtió que para extender la pena de muerte -que Perú admite para casos de traición a la patria y terrorismo-, antes habría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José), de la que el país es parte, y luego efectuar una reforma de la Constitución.
«La supresión de derechos fundamentales, por jurisprudencia del TC, no puede ser siquiera un objeto de reforma constitucional», señaló García Cobián, según el diario limeño El Comercio.
El también abogado constitucionalista Luciano López afirmó que «en el caso peruano, el procedimiento legal (para incorporar la pena de muerte) es complejo y el impacto político en las relaciones internacionales sería nefasto».
«Estaríamos colocándonos a la altura de Trinidad y Tobago y Venezuela», remarcó López en alusión a los dos países de la región que denunciaron el Pacto de San José.
Para la jurista Elena Alvites, ampliar los motivos para aplicar la pena capital implicaría salir de «la órbita internacional», donde «la tendencia» es hacia «la abolición de la pena de muerte».
Explicó que «lo jurídico no es solo las normas sino los principios que están en la base, y los principios que están en la base de la protección de los derechos fundamentales o derechos humanos son los derechos de la vida».
«Y la vida no se entiende solo como un dato biológico sino como un mínimo elemental de los seres humanos desde niños: educación, salud, atención, protección frente al abandono; eso es lo que jurídicamente debería estar satisfecho», completó Alvites.
Ayer, en el contexto del Día Internacional de la Mujer y de la conmoción que causó en Perú el reciente asesinato de una niña de cuatro años, un periodista consultó a Vizcarra sobre si la pena de muerte resultaría un disuasivo efectivo para evitar casos de femicidio y violación.
«Hay que analizar todas las opciones que haya y veamos lo que realmente sea efectivo, pero tenemos que redoblar esfuerzos; hay que evaluarlo», respondió el mandatario, según El Comercio y la radio RPP.