Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
Al menos 138 personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos desde 2013 fueron asesinadas a su regreso, reveló este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW), mientras el gobierno de Donald Trump profundiza sus políticas para dificultar que los centroamericanos busquen refugio en el país.
Unos 1,2 millones de ciudadanos de El Salvador viven en Estados Unidos, de los cuales apenas una cuarta parte cuenta con un permiso permanente de residencia.
El reporte por la organización de derechos humanos titulado «Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abuso», identifica 138 casos de asesinatos y unas 70 víctimas de palizas, agresiones sexuales, agresiones o torturas.
El informe revela asimismo el riesgo que enfrenta la gente forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a las personas sin ciudadanía condenas por una serie de delitos, y las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora de HRW en Estados Unidos.
“Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte”, señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
La ONU reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015. Pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alta del mundo.
Mientras, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de un 1.000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo. Solo alrededor del 18% recibió protección.
HRW confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias.
Trump ha hecho del control migratorio uno de los pilares de su gobierno.
Esto incluye la política de obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la resolución de sus peticiones, y la deportación a sus países de origen si es rechazada.
Antes, muchos de los que reclaman protección habrían podido quedar en libertad condicional en Estados Unidos ante una decisión que podía demorarse un año o más.
El Departamento de Seguridad Nacional asegura que está intentando hacer que el proceso sea más eficiente y acabar con las solicitudes fraudulentas.
HRW instó a la Casa Blanca a retirar la política que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sean reubicados en otros países de Centroamérica se resuelven sus casos.