Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
El lunes se cumplen veinte días desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación. La mayor parte de los funcionarios aún no han terminado de aterrizar en sus oficinas, pero no hay lugar para las miradas indulgentes, se gobierna desde el día cero, y los resultados tienen que estar a la orden del día. Es así, normalmente la fecha nos lleva a intentar un balance, por más que todavía sea difícil poder evaluar en profundidad el impacto de las decisiones tomadas por la nueva gestión. Sin embargo, existe la posibilidad de analizar las modificaciones en el rumbo, y tal vez ahí esté la clave
En primer lugar, podemos decir que desaparece del radar del equipo gobernante la teoría del derrame. Aquella vieja idea de que un aumento en la riqueza de los que más tienen terminaría beneficiando a todos, debería olvidarse para siempre. De hecho, el arsenal de políticas diseñadas a partir de la teoría del derrame ha vuelto al mundo cada vez más injusto. En efecto, la evidencia empírica de su falsedad es concluyente. Sin embargo, no es menos cierto que por detrás de toda teoría hay principios que se solapan. Pareciera existir una suerte de profesión de fe antropológica que sostiene que sumar a la canasta de los ricos, los vuelve más virtuosos y solidarios, a la vez que son poseídos por un irrefrenable deseo de colocar productivamente los nuevos frutos de su capital. Claro, con los trabajadores, desocupados y jubilados la cosa es distinta.
Sin decirlo explícitamente, se sospecha de ellos que un incremento en sus ingresos los vuelve vagos e indolentes, dados a los vicios y la holgazanería. Más allá de la discusión en términos de psicología social, que me excede largamente, hay algo mucho más simple que Alberto Fernández parece entender: la mecánica económica dice que, si pongo más recursos en manos de los que más tienen, lo más probable es que ahorren, mientras que si lo hago en manos de los que menos tienen, lo más probables es que gasten. Hoy el sistema económico necesita de agentes que gasten, sean trabajadores, empresarios o el mismo Estado. Así de simple, sin tantas complicaciones. Si lo queremos medir en términos más estrictos, basta con revisar las propensiones marginales al consumo de cada grupo social, tampoco es rocket science.
La redistribución del ingreso, más allá de que representa un acto de justicia, implica también, una recirculación de los recursos. Como veníamos diciendo, el sentido es de los sectores que tienen capacidad de ahorro, hacia aquellos que sólo consumen. Eso explica las decisiones de incrementar la presión tributaria sobre los bienes personales, la adquisición de bienes y servicios en moneda extranjera, y la actualización del esquema de recaudación de derechos de exportación, llamado habitualmente “retenciones”. Paralelamente, el aumento de las jubilaciones, la AUH y la distribución de las tarjetas alimentarias, permiten inyectar consumo en el sistema económico.
Durante la semana, los analistas económicos y políticos de los principales medios de comunicación, se preguntaban si un aumento de la presión impositiva sobre los sectores más favorecidos no terminaría produciendo los efectos contrarios a los buscados. Afirman que, por un lado, se incentiva a la evasión, mientras que por el otro se desincentiva a la inversión. Si bien ambos planteamiento son verosímiles, y reflejan perfectamente lo que se enseña en los libros de texto, no parecen reflejar la realidad. Durante los cuatro años anteriores, se le facilitaron a los empresarios todos los instrumentos financieros, legales y económicos para que la inversión florezca. El presidente Macri se presentaba a sí mismo como un “canchero”, es decir, como aquel que cuida la cancha (riega, corta el césped, coloca las redes, marca el campo), para que los jugadores hagan lo suyo. Los hechos son indiscutibles, la lluvia de inversiones no llegó nunca. Claro, como decía Fernández la semana pasada: sin consumidores no hay capitalismo. No importa las condiciones que se generen, si se implosiona la demana efectiva, la economía no avanza. Ahora que las decisiones han cambiado el rumbo, parecería honesto darle a la gestión algo de tiempo para que los resultados comiencen a aparecer.
El día viernes por la tarde, se llevó adelante una importante reunión en la Casa Rosada. El presidente y sus colaboradores, recibieron a representantes de empresas, sindicatos y organizaciones sociales, para la firma de un pacto social. El mismo lleva el título de Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad. Si bien se trata de la primera reunión, todos los actores se comprometieron a trabajar colectivamente para enfrentar la emergencia económico social que vive actualmente nuestro país.
También la política exterior muestra un notable cambio en la orientación. En la renegociación de los compromisos de deuda, la nueva gestión ha puesto como condición sine qua non de cualquier acuerdo, priorizar el crecimiento y la generación de las condiciones propicias para pagar.
Durante la gestión de Cambiemos se aceptaron puntualmente todas y cada una de las cláusulas impuestas por el FMI que garantizaban la imposibilidad futura del pago de la deuda. Hoy la mirada es otra, y los equipos se encuentran trabajando en la puesta a punto de un programa económico, para luego acercar una propuesta consistente con los objetivos trazados desde la Casa Rosada. En sintonía con lo dicho, los primeros gestos diplomáticos apuntan a un perfil de política exterior mucho más ligado a la preservación de los intereses nacionales, que a la política de booking. Llamo política de booking a aquella que medía el éxito de la política exterior por la cantidad de fotos conseguidas con líderes internacionales, y no por los beneficios comerciales y económicos concretos derivados de las negociaciones.
En síntesis, las cosas están cambiando. Habrá que darle tiempo a la gestión Fernández para demostrar si está en el rumbo correcto. Sólo el tiempo dirá si tomó el camino correcto.