La ex diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, pidió hoy informes al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, por «contrataciones en universidades y la construcción de jardines de infantes», y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por vínculos con «estudios jurídicos o abogados».
El objetivo de la ex legisladora es «buscar justificación y rendición de cuentas de esas medidas». A Finocchiaro le pidió la nómina de entidades educativas que conforman el «Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas», así como las «autorizaciones especiales para la realización de esos acuerdos, los objetivos y límites generales, qué tipo de tercerización se autoriza a las universidades para que a su vez puedan o no realizar transferencias de recursos».
«Al inicio de la gestión, el presidente Mauricio Macri anunció que se iban a restringir los mecanismos de desvío de recursos a través de las universidades, de los que el gobierno anterior había hecho abusos incurriendo en maniobras delictivas.
Advertimos que siguen existiendo y no se conocen las limitaciones y controles que la administración realiza sobre ese funcionamiento. Es necesario transparentar el manejo de las cuentas públicas y evitar la distracción de los recursos hacia fines por lo menos innecesarios en asociaciones intermediarias sin justificación», resaltó.
Stolbizer también solicitó información sobre licitaciones para la «construcción de Jardines de Infantes con la provisión de materiales, maquinarias, mobiliarios y mano de obra necesarios para su completo cumplimiento».
«Macri anunció la construcción de 3000 jardines de infantes para recibir a más de 600.000 chicos en salas de 3 y 4 años. Sin embargo, a mediados de 2017 se informó en entrevistas periodísticas que solo se habían construido 100, y que el plan se había reconvertido a un programa de aulas, es decir agregar aulas donde ya existen jardines de infantes», expresó la ex diputada.
En tanto, le envió una carta a Peña para que informe sobre «la Resolución 34/2018 de la Procuración del Tesoro que autoriza la contratación de abogados o estudios jurídicos externos para asesorar o representar al estado nacional, particularmente, de la dependencia que formaliza las contrataciones, datos de los estudios jurídicos o abogados contratados, montos, vigencia, y asuntos para los que fueron contratados».
«Es necesario que este gobierno asegure la transparencia y justifique sus contrataciones para garantizar que no existan conflictos de intereses ni incumplimientos en la normativa vigente», evaluó Stolbizer.