La cantidad podría hasta considerarse obscena, puesta en contraste con las necesidades de muchos argentinos
La cantidad podría hasta considerarse obscena, puesta en contraste con las necesidades de muchos argentinos
En el marco de la fuerte crisis económica y social que atraviesa el país desde hace algún tiempo, la ciudadanía ha tenido que ajustarse en diversas maneras. De ahí surge un reclamo a la esfera política, para que el recorte de gastos no llegue sólo a los más vulnerables. Es que los números que se manejan, por ejemplo, en las Cámaras llaman mucho la atención. La cantidad de empleados a su cargo que tiene cada senador podría hasta considerarse obscena, puesta en contraste con las necesidades con las que viven muchos argentinos. Una imagen que se repite en toda la estructura política del país.
Según un relevamiento realizado por CLG, en la Cámara de Senadores, en promedio, cada senador tiene unos 20 empleados a su cargo. Es decir, personal que trabaja exclusivamente para ellos. En esta búsqueda se intentó también conocer cuántas personas atienden a los diputados de la Nación, pero no fue posible debido a que los datos no están actualizados y no se encuentra la información de los recientemente incorporados. Además, se observa que muchos diputados no publican ni la declaración jurada ni el informe de gestión.
En la Cámara Alta, dentro de los registros disponibles, se pudo determinar que el que más tiene es Gerardo Antenor Montenegro, de Santiago del Estero (Frente de Todos), con 44 personas a disposición. Le sigue directamente en ese escalafón Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis (Frente Unidad Justicialista San Luis), con 40.
Sólo unos pocos números más abajo está la legisladora chaqueña María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), que tiene 37 empleados. Y casi en su mismo lugar, aparecen con 36 personas Néstor Pedro Braillard Poccard, de Corrientes (Alianza Encuentro Corrientes); José Miguel Ángel Mayans, de Formosa (Frente de la Victoria) y Dalmacio Mera, de Catamarca (Alianza Frente para la Victoria).
Teniendo en cuenta la gran cantidad de personal dispuesto por cada senador, la atención se centra directamente en los costos que eso implica. Hace pocos meses, el economista Roberto Cachanosky se había centrado en este tema en una columna que publicó en Infobae.
En la misma, realiza una cuenta que considera «sencilla» y compara lo que le valen las Cámaras en Argentina y cuánto valen en España. «Tomo los presupuestos asignados específicamente al Senado y a Diputados, aclarando que no incluyen los gastos de la Biblioteca del Congreso, ni la imprenta, ni ningún otro rubro, solo $9.157 millones asignados específicamente a senadores y $9.355 millones asignados a diputados. Esos montos los divido por el tipo de cambio promedio del euro en lo que va del año que me da $47,60, ese dato da que el Presupuesto 2019 de la Cámara de Senadores es de 192 millones de euros, dividido los 72 y por 12 meses, da un costo (no sueldo, costo) promedio mensual de 222.222 euros, más de lo que dije en televisión porque ese día tomé el tipo de cambio del miércoles pasado y ahora estoy tomando el tipo de cambio promedio de lo que va del año».
Además, en medio de esos cálculos, develó: «La Cámara baja gasta 4,6 veces más en personal que la de España y la Cámara alta gasta 7,8 veces más que la española en personal». Finalmente, disparó: «El habitante español tiene un ingreso per capita casi 3 veces superior al nuestro pero nuestros legisladores, que lloran por los pobres en televisión, le cuestan al agobiado contribuyente 12 veces más -en el caso de los senadores argentinos- que los españoles y 3 veces más en el caso de los diputados».
Esta situación ha estado en el ojo de la tormenta por largo tiempo y, luego de la sanción de la ley de Solidaridad Social, se siente aún más. Mientras se debatía en el Congreso el proyecto, hoy ley, se planteó en más de una oportunidad que el pedido de esfuerzo y de «ser solidario» que se realizaba a la clase media y a lo jubilados, tenía que alcanzar a todos los estamentos del Estado también. Que no se haya eliminado la movilidad a las jubilaciones de privilegio, como un ejemplo, fue uno de los puntos más criticados por parte de la sociedad.
En las redes sociales y en los medios de comunicación se escuchó el reclamo, que el legislador Carlos Caserio se encargó de rechazar. Al ser consultado sobre cuándo llegará el momento en que los dirigentes políticos hagan un esfuerzo que contribuya en la lucha contra el hambre y la pobreza, señaló: «Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado, no es un elemento productivo del país. La clase política no es la que hace el esfuerzo, la clase política dicta normas».