En primera instancia, la idea es que la promesa del presidente electo alcance a los trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de planes sociales y jubilados
En primera instancia, la idea es que la promesa del presidente electo alcance a los trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de planes sociales y jubilados
Alberto Fernández se puso como compromiso, durante su campaña, «ponerle plata en el bolsillo de la gente» y así hacer rodar la economía argentina. Más allá del contexto de la frase, el presidente electo entiende que cumplir con esa promesa será la base de legitimidad de su gobierno, además de ser una pieza clave para consolidar la economía y su poder político.
Aunque resta saber la magnitud que deberá enfrentar Fernández. En primera instancia, la idea es que la promesa alcance a los trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de planes sociales y jubilados. Pero por lo amplia que pretende ser la medida, no sería obligatoria y relativa a la realidad de cada sector a cuenta de su paritaria. Allí estarán los límites de la decisión.
El sector empresario se mantiene reacio a esta propuesta y la considera difícil en el contexto económico que atraviesa el país. La clave para facilitar el anuncio estará en determinar que los aumentos sean no remunerativos y a cuenta de las negociaciones paritarias que se estén desarrollando en cada sector de actividad.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores tienen pendientes renegociaciones por cláusulas de revisión, será posible ajustar el anuncio a la realidad de cada sector.
Un sector que aseguran que se verá beneficiado en la movida de Fernández: salario mínimo, planes sociales y jubilaciones más bajas.
En el primer caso, se podría formalizar a través de una convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o directamente dejarlo en manos del Consejo Económico y Social que será creado para encuadrar las negociaciones para lograr un Acuerdo de Precios y Salarios.
Al mismo tiempo, el aumento en los planes sociales y las jubilaciones se efectivizarían fuera de la ley de movilidad, tomando la forma de un bono.
En conjunto, la idea es que el beneficio sea efectivo en los sectores más bajos y relativo entre los asalariados, debido a que estará supeditado a los acuerdos que se logren con el sector empresarial.
De todas formas, el anuncio del plan se articulará en la búsqueda de establecer un acuerdo de precios que permita una recuperación del poder adquisitivo que alimente una eventual recuperación económica.