Militantes sociales, políticos y sindicales registraron gravísimos hechos en su primer relevamiento. No hay investigación de los hechos y tampoco asistencia médica a los afectados
Militantes sociales, políticos y sindicales registraron gravísimos hechos en su primer relevamiento. No hay investigación de los hechos y tampoco asistencia médica a los afectados
La delegación Argentina que viajó a Bolivia para verificar violaciones a los derechos humanos emitió su primer informe. La comitiva, compuesta por organizaciones sociales, políticas y sindicales, registró la existencia de «numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores, así como la falta de investigaciones judiciales y la ausencia de atención sanitaria a la población».
El relevamiento fue el resultado de una jornada de trabajo encabezada por referentes como Juan Grabois (CTEP) y Daniel Catalano (ATE). En el grupo además, está el concejal rosarino de Ciudad Futura Juan Monteverde. Cabe recordar que todos fueron demorados ayer durante varias horas por las fuerzas de seguridad bolivianas cuando arribaron al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Algunos sufrieron insultos y agresiones.
Las fuentes consignaron a esta agencia que «existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto, como consecuencia del actuar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas».
Entre los puntos del informe, se señala que «numerosos testigos han denunciado torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores», y que «entre los casos recepcionados se han recolectado testimonios que refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida, y luego de su muerte. Asimismo, existen testimonios que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados».
También da cuenta de «amenazas a los abogados particulares» de las víctimas, y que «las defensorías públicas no están cumpliendo su función con perseguidos penalmente por falsos delitos», y que «en particular hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente».
«Hasta el momento hemos relevado casos de heridos alojados en sus casas y frente al peligro de la detención y la no atención correspondiente en hospitales y clínicas están sobrellevando esta penosa situación con total desamparo», expresaron.
«Además, en muchos casos se les ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS, y líderes políticos populares», sostienen.
«Visitamos también a la senadora del MAS por Chuquisaca, María Balboa, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace seis días hasta la aprobación de una ley que reafirma el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano», añaden en el texto.
El informe concluye con que «todo lo registrado hasta ahora refleja en profundidad que la actuación represiva y la violencia ejercida tiene su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el estado de Bolivia».