Tras varias jornada de intensas negociaciones y largas sesiones, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la noche del sábado el proyecto de ley para convocar a elecciones que habían consensuado y redactado apenas un día atrás todas las bancadas del Senado, y que el gobierno de facto se dispone a promulgar este domingo.
Mientras la Asamblea Legislativa terminaba de aprobar la convocatoria, la senadora al frente del gobierno de facto, Jeanine Áñez, encabezaba en el Palacio Quemado una reunión con organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Iglesia Católica para llegar a un «acuerdo de pacificación», en momentos en que el partido del derrocado Evo Morales continuaba denunciando el arresto de sus dirigentes en las calles.
Áñez anunció que este domingo a las 10.30 (11.30 de la mañana hora argentina) promulgará la ley para acelerar lo más posible la convocatoria a elecciones, según informó el diario local El Deber. El sábado, tarde, sus diputados aliados y los del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales habían acordado el texto en general y en detalle.
«La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros», explicó el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Ciro Zabala al defender el acuerdo.
Poco después, el presidente de la Cámara, el masista Sergio Choque, anunció: «No habiendo mayores consideraciones, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales», según informó la agencia de noticias boliviana ABI.
Tanto el MAS, con Morales a la cabeza, como las fuerzas que apoyan a Áñez sostienen que esta ley podría ser el inicio de una salida institucional para la crisis que desató la renuncia del presidente, hoy exiliado en México, y su denuncia de un golpe de Estado.
Tras esta denuncia y su salida del país, el gobierno de facto desplegó a los militares en la calle y, en conjunto con la policía, reprimió protestas masivas y bloqueos de rutas, calles y plantas de hidrocarburos, liderados por campesinos e indígenas, muchos de ellos simpatizantes de Morales. Desde la renuncia de Morales, fallecieron 24 personas, la mayoría por heridas de bala, y desde los días previos, más de 30.