El Gobierno destacó hoy la nueva detención del dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, al celebrar «la toma de conciencia» de sectores del Poder Judicial, aunque aseguró que «es un tema de la Justicia».
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, indicaron que la liberación del empresario y el cambio de carátula de la causa -que se había establecido como «apropiación indebida de tributos» y ahora volvió a ser defraudación al Estado- habían generado polémica.
Peña tomó distancia de la decisión de Casación al afirmar que «es un tema de la Justicia» pero remarcó que «evidentemente, la liberación surgió en un contexto de muchísima polémica y dudas» y recordó que «incluso el propio Presidente (Mauricio Macri) se expresó al respecto».
En diálogo con Radio Mitre, el ministro coordinador subrayó que «lo importante es que el propio proceso judicial pudiera avanzar y tener mucha claridad en los argumentos y las cosas que hace».
Por su parte, Alonso sostuvo que «la decisión de ayer (viernes) es correctiva en el sentido adecuado para volver las cosas a su lugar» y deseó que «haya un avance rápido y esto vaya a juicio».
En diálogo con Radio Nacional, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción subrayó «la toma de conciencia por parte de algunos sectores de la Justicia».
En ese sentido, Alonso se quejó del anterior fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la Sala I de la Cámara Federal, que había beneficiado a López y a su socio, Fabián de Sousa, al cambiar a «apropiación indebida de tributos» la carátula de la causa que investiga el no pago del impuesto a los combustibles por un monto superior a los 8.000 millones de pesos por parte de la empresa Oil Combustibles.
«Un par de jueces habían dicho que el robo multimillonario a la AFIP no era una defraudación al Estado, sino simple y sencillamente un delito de evasión, como quien se olvida de pagar tres meses el monotributo», afirmó.
Y concluyó: «La discusión de la transparencia, la integridad y la ética no va sólo hacia los funcionarios del Ejecutivo, sino también hacia los jueces y los fiscales».