Amnistía Internacional (AI) cuestionó este viernes a los organizadores de los debates entre los candidatos a presidente, para las elecciones generales del 27 de octubre, porque no incluyeron el tema de «pueblos indígenas» entre las categorías para exponer las posturas que cada partido asumirá al respecto.
A través de un comunicado, el organismo internacional recordó que «la ley de emergencia territorial indígena (26.160) fue sancionada a fines del 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas y realizar un relevamiento a lo largo del territorio nacional para avanzar con su efectiva titulación».
Aministía agregó que la sanción de la misma «es una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios», y que para ello se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La ley establece que el Estado debe realizar relevamientos en todas las comunidades indígenas del país, lo que apenas se completó en un 38% dado que en 2017 el plazo para el mismo se prorrogó -por tercera vez consecutiva– hasta el 23 de noviembre de 2021.
Dado que esta fecha límite cae en el mandato del próximo presidente, el organismo cuestionó que no se haya incorporado dentro de las categorías a debatir y escuchar la propuesta de cada candidato.
Amnistía Internacional relevó casi 300 casos en Argentina en los que comunidades indígenas reclaman «el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras y de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente».
Según AI, «la mayoría» de las comunidades indígenas «no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras y esto deriva en una desposesión histórica de tierras que son usufructuadas por empresas y terratenientes».
«A su vez, el avance a gran escala de la explotación de los recursos naturales para abastecer el aumento del consumo mundial (a través de minería, industrias petrolera, agrícola-ganadera y deforestación, entre otras) intensificó el despojo de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales», se indicó en el documento.
Mariela Belski, directora ejecutiva de AI, aseguró que «uno de los compromisos que asumió esta gestión (de Mauricio Macri) apenas comenzó el gobierno fue trabajar la problemática vinculada a los pueblos originarios».
«Se avanzó poco en la implementación de los relevamientos territoriales y una vez más se posterga a estas comunidades a la voluntad política de la próxima administración. Cualquiera sea que resulte electo debe concluir de manera urgente con los relevamientos e implementar un mecanismo que garantice la titulación de los territorios indígenas», concluyó.