El juicio oral por corrupción en la represa hidroeléctrica Yacyretá se inició en los tribunales federales de Retiro a 30 años de la denuncia y con tres empresarios procesados por gestionar reembolsos indebidos superiores a los 190 millones de dólares.
El debate se inició ante el Tribunal Oral Federal 4, que escuchó la lectura de un resumen de la acusación fiscal y programó la próxima audiencia para el 1 de noviembre próximo, cuando se harán los llamados «planteos preliminares».
La investigación lleva más de tres décadas y ahora se juzga a tres procesados vinculados a la construcción y que integraban empresas que se beneficiaron con esos reembolsos o estuvieron a cargo de gestionarlos. Sólo uno de ellos, Guillermo Henin, por entonces director de Dicmar SA, se presentó en la sala de audiencias del Comodoro Py 2002.
Los otros dos, Gianfranco Rizzo, de Impreglio SA, y Roberto Ortega pidieron seguir el debate desde sus domicilios por motivos de salud y el Tribunal ordenó que se les efectúe una pericia médica. En la sala de audiencias estuvo el querellante en el caso, el contador Antonio Casabona, de 82 años, quien en 1999 denunció un nuevo hecho penal derivado del cobro indebido de reembolsos durante la construcción de Yacyretá y evitó la prescripción del caso.
En un primer juicio hecho en el 2013 fueron condenados ex funcionarios de la entonces Subsecretaría de Industria de la Nación. «Directamente se puso en marcha un verdadero pacto de ilicitud y de ilegalidad porque la UTE donde se encuentran las empresas de la patria contratista manejó todo», expresó Casabona en declaraciones a la prensa antes del inicio del debate.
Los tres empresarios son juzgados por supuesta «administración fraudulenta» con acusación a cargo del fiscal ante el Tribunal Oral, Abel Córdoba. Los reintegros impositivos se cobraron por neumáticos importados y hormigón fresco que se usó en la obra en la provincia de Misiones, al amparo de leyes al respecto.
«El accionar de los aquí enjuiciados ha constituido, con sus distintos matices, un engranaje necesario para completar las numerosas maniobras defraudatorias denunciadas, que al consumarse –paulatinamente– en cada uno de los trámites por los cuales se abonaron los importes por reembolsos al contratista adjudicatario UTE-ERIDAY, causaron un millonario perjuicio al Estado Nacional», se sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio leído en la audiencia.