Un juez mexicano absolvió a Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, informaron anoche fuentes judiciales.
Conocido con el apodo de «El Gil», a López Astudillo lo consideraban como una persona que jugó un rol central en la desaparición de los estudiantes de la escuela Ayotzinapa, en la noche del 26 de septiembre de 2014.
El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y consideró que no había elementos para condenarlo.
«El Gil» había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y como quien avisó al líder de esa banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.
En un mensaje de texto que presuntamente envió a su jefe, Sidronio Casarrubias, «El Gil» dijo que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo.
La decisión de juez cierra el expediente de acusaciones contra Astudillo, quien fue liberado el sábado pasado del penal de alta seguridad de El Antiplano, en el central estado de México, confirmó el medio mexicano Vanguardia, citado por la agencia de noticias EFE.
Con la liberación de López Astudillo, suman ya 44 los acusados que fueron liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el anterior gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió como la verdad histórica.
En el caso de Ayotzinapa no hay ninguna persona sentenciada y en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso fue reabierto y se estableció una Comisión Especial del caso.
Según esa versión, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río de la zona.
Un grupo interdisciplinario de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estuvo un año investigando el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero, develó fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.