Brasil prohibió las quemas en campos y forestas durante dos meses para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonia, una medida recibida con escepticismo ante la magnitud de un fenómeno que provocó una crisis ambiental y diplomática.
El decreto, con vigencia de dos meses a partir de este jueves, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.
El asunto provoca preocupación internacional y crispa al gobierno, temeroso por su soberanía sobre un territorio de 5,5 millones de km2. La polémica se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, evocara acordar un «estatuto internacional» a la región, esencial para el equilibrio de los regímenes de lluvia y la retención de carbono.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre una reunión específica sobre la situación en la Amazonía, donde «la situación es evidentemente muy grave».
El gobierno brasileño, que ha desplegado más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró el miércoles por la noche que los focos de incendio estaban disminuyendo, sin dar números. Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostraron que desde el martes al miércoles por la noche hubo en Brasil 1.628 focos nuevos, totalizando 84.957 desde enero, más de la mitad de ellos (51,8%) en la selva amazónica. Ese número marca un aumento de 75% respecto al mismo periodo del año pasado y constituye un récord de incendios desde 2010.
El país se encuentra en temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias.
«Es muy difícil creer que [el decreto] tenga algún impacto inmediato en el terreno. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar», dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una entidad científica no gubernamental volcada a proyectos sociales y ambientales. Además, «la vigilancia no podrá ser movilizada, después del desmonte del aparato ambiental», agregó, en referencia a medidas del gobierno que debilitaron a las instituciones a cargo de esa tarea.