La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) manifestó su preocupación y rechazo ante la decisión del gobierno de excluir al colectivo de personas con discapacidad del reciente paquete de disposiciones económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri.
«Se trata de más de un millón de personas que reciben pensiones no contributivas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y que ante la actual situación económica del país no cuentan con medidas paliativas», dijeron las autoridades de la entidad a través de un comunicado.
A su vez, agregaron que «la exclusión del colectivo en estas medidas revista un acto de discriminación por constituir una violación a las previsiones de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
Por otra parte, desde Asdra se refirieron a la implementación de los cambios en el sistema llamado Cuna, y aseguraron que «si bien es correcto que el dinero se destine prioritariamente a quienes más lo necesitan y que se cumplan con las normas existentes, la medida se ejecuta en un marco de omisiones por parte del Estado en sus obligaciones para la plena inclusión de las personas con discapacidad». «Solicitamos que con el mismo énfasis en que se realizan las correcciones ante situaciones irregulares, se lo hiciera por parte del Estado para corregir las omisiones por él generadas», expresaron.
Además, desde la ONG de padres y familiares de personas con Síndrome de Down reiteraron su reclamo por la falta de políticas activas para el empleo y el incumplimiento del cupo laboral estatal, que hacen muy dificultoso el acceso a un trabajo. «Esto pone en situación de marginalidad y pobreza a muchas personas, incluso a quienes reciben una pensión, dijeron.
Por último, la asociación solicita que los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad se ajuste por inflación en base al índice de precios al consumidor (IPC) ya que las cifras han quedado desactualizadas para los prestadores.