El juicio oral contra el cura Justo José Ilarraz, acusado de haber abusado de siete niños de entre 10 y 14 años, comenzó hoy en la ciudad de Paraná a puertas cerradas y con el testimonio de tres de los denunciantes, uno de los cuales pidió que el religioso no esté presente al momento de dar su declaración.
El juicio que se desarrollará a puertas cerradas, tiene también como testigos a curas y obispos y la sentencia se leerá con público de acuerdo a lo que resolvió hoy el tribunal.
Al sacerdote, a quien se lo juzga en la causa caratulada «Ilarraz, Justo José sobre promoción a la corrupción agravada», se lo acusa de haber abusado de siete adolescentes, de entre 10 y 14 años, que cursaban en el seminario donde él se desempeñaba como precepto.
El primer testimonio que se escuchó fue por espacio de tres horas y el cura no estuvo presente en la sala, a pedido de la víctima.
Ilarraz llegó a los tribunales pasadas las 8, en silencio y acompañado por su hermano y una hora más tarde, una fuerte escolta policial lo acompañó por los pasillos internos del palacio judicial hacia la Sala de Audiencias Número 1.
En ese recorrido, Ilarraz estuvo inaccesible para la prensa que, junto al personal policial, lo acompañó hasta la puerta, donde lo esperaban además, integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico que al grito de abusador hicieron sentir su presencia.
Una chica, hija de una víctima del cura, rompió en llanto al verlo pasar. «Esperamos un castigo ejemplar. Una sentencia que signifique una reparación histórica», dijo a Télam Liliana Rodríguez, integrante de la Red, al precisar cuál era la expectativa de la agrupación frente al proceso.
«Esta sentencia tiene que ser una reparación para los valientes que se animaron a hablar. No es que esperaron treinta años. Pudieron (hablar) después de treinta años», dijo Rodriguez, que además es psicóloga.
«Estamos de acuerdo en no compartir el mismo espacio físico. No todos podemos reaccionar de igual modo», dijo la profesional en elíptica referencia a la situación de las víctimas frente a religioso.
A un costado, hombres y mujeres se identificaron con pancartas, fotocopiadas, en blanco y negro, pero claramente legibles: «Yo apoyo a los sobrevivientes de Ilarraz», decían.
El tribunal, que preside Alicia Vivian e integran además, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, confirmó hoy la decisión de juzgarlo a puertas cerradas y resolvió que la sentencia se leerá con público.
Ese tribunal también citó a prestar declaración, el 9 de mayo, a los obispos eméritos Estanislao Esteban Karlic, Mario Luis Bautista Maulión y Juan Alberto Puiggari junto al obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi.
Los religiosos ya le pidieron al tribunal que se los exima de presentarse para lo cual pidieron ampararse en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, que les otorga esa prerrogativa como a otras figuras de jerarquía de diferentes poderes del Estado.
Los obispos ya habían optado por ese recurso en 2014, cuando se iniciaba la causa. Además de los obispos van a declarar en las jornadas en las que se sustancie el juicio unos 24 curas, y cuatro ex curas además de otras 70 personas.Ilarraz fue suspendido por la Iglesia en 2012 para oficiar misas en público.
Entre las pruebas contra el presbítero hay una carta del Vaticano que revela que en una confesión realizada en 1997, el sacerdote reconoció los abusos y mostró arrepentimiento ante el Tribunal Eclesiástico.
Ilarraz confesó ante la Santa Sede haber tenido «relaciones amorosas y abusivas con seminaristas menores», indicaron voceros de los tribunales que detallaron que el escrito es copia de una carta del 18 de enero de 1997.
El 13 de septiembre de 2012, la revista «Análisis» publicó en su portada la historia de los abusos de Ilarraz. A partir de entonces, la Procuración General inició de oficio una investigación, y a los pocos días sumó los primeros dos testimonios de sus víctimas.
El juicio será el segundo que se sustancia a un religioso en Entre Ríos por abuso y corrupción de menores, ya que por la misma causa fue condenado en 2017 a 25 años de prisión efectiva el cura Juan Diego Escobar Gaviria, de Nogoyá.