La Cámara de Diputados comenzará este martes el debate formal del proyecto de despenalización del aborto, en el contexto de una serie de audiencias a la que concurrirán unos 1.000 expositores -representantes de organizaciones y especialistas- para exponer sobre una iniciativa que divide aguas en todos los bloques.
Las audiencias se extenderán hasta fines de mayo, mientras que la discusión en el recinto podría llegar recién a mediados de junio.
Estos encuentros, que se realizarán todos los martes y jueves entre las 10 y las 18 en la sala C del Anexo de Diputados, podrán ser seguidas desde otras salas del Palacio por asesores y legisladores que no integran esas comisiones.
Las posturas a favor y en contra quedarán planteadas en los plenarios de las comisiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy).
«Lo que buscaremos en esta primera audiencia es que concurran personalidades con representatividad, académicos, especialistas a favor y en contra; y ya a partir de la segunda audiencia convocar por temáticas, es decir juristas, médicos, referentes de diferentes organizaciones y representantes de los diferentes credos», precisó a Télam Lipovetzky, presidente de la comisión que será cabecera de los plenarios.
El dictamen de consenso, que podría firmarse en la segunda quincena de mayo, tomaría como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que viene presentando la iniciativa desde hace varios años, en tanto que el texto podría ser debatido durante el mes de junio en el recinto de la cámara baja, para pasar luego al Senado, según indicó el diputado del PRO.
La audiencia del martes se realizará en medio de marchas cruzadas convocadas por las organizaciones a favor y en contra de la iniciativa, que se movilizarán al Congreso mientras se desarrolle el plenario.
De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un «embarazo terminado en aborto» y esto ubica al aborto como la principal causa individual de mortalidad materna en nuestro país.
La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación -que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil.