El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont abandonó hoy la prisión de Alemania donde estuvo detenido los últimos 12 días esbozando una sonrisa, luego de que sus simpatizantes hicieron frente a la fianza de 75.000 euros que le impuso la Justicia para dejarlo en libertad mientras se tramita su extradición a España.
Poco antes de las 14 hora local, Puigdemont atravesaba la puerta de la cárcel de la norteña ciudad alemana de Neumünster, en medio de una gran expectativa mediática, con la sensación de que claramente había obtenido una victoria.
«Es hora de hacer política», dijo el líder secesionista, a quien la justicia alemana excarceló después de rechazar que pueda ser extraditado a España por un delito de rebelión. Al pronunciar sus primeras palabras, Puigdemont agradeció el «apoyo y la solidaridad recibidos en todo el mundo» y, acto seguido, reclamó la libertad de sus compañeros independentistas que siguen detenidos en prisiones españolas.
«Es una vergüenza para Europa tener presos políticos», aseguró el ex presidente, que volvió a definir en esos términos a los dirigentes catalanes que el Tribunal Supremo español mantiene en prisión preventiva tras procesarlos por rebelión y malversación de fondos en relación con el proceso de secesión catalán.
En contraste, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ordenó ayer la libertad provisional de Puigdemont bajo una fianza de 75.000 euros, al descartar tramitar su extradición a España por un delito de rebelión, por considerar que no es compatible con el delito de «alta traición» del Código Penal alemán.
El tribunal sostuvo que ese delito por el que pretende juzgarlo España es «inadmisible» por la «ausencia de violencia», mientras sí podría aceptar la acusación en su contra de corrupción por malversación de fondos públicos, un delito con una pena menor, de hasta 12 años.
La Fiscalía del tribunal dictó hoy su puesta en libertad inmediata luego de que la organización soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) pagó la fianza con su «caja de solidaridad», a la que aportan sus socios, quienes ya han gastado casi 4 millones de euros para sacar de prisión a los líderes secesionistas.
«Nuestra lucha no es interna, sino que afecta a todos los ciudadanos europeos», dijo Puigdemont ya en libertad, ante los micrófonos de la prensa y rodeado de sus abogados y algunos simpatizantes.
«Siempre confié en la democracia europea, basada en la voluntad del pueblo, en la separación de poderes y en los derechos humanos. Ese tipo de democracia está en riesgo en España», denunció.
La decisión del tribunal alemán fue recibida como un triunfo por los secesionistas, de ahí que Puigdemont envió un mensaje al gobierno español de Mariano Rajoy: «El tiempo del diálogo ha llegado, hemos demandado diálogo en los últimos años y lo que hemos recibido es violencia y represión. Ahora, es tiempo de la política», dijo.
«No hay excusa para las autoridades españolas para iniciar un dialogo con las líderes catalanes para encontrar una solución política a nuestras demandas», concluyó Puigdemont, quien deberá permanecer en Alemania hasta que se resuelva su proceso de extradición a España.
La decisión de la Justicia alemana sobre Puigdemont fue un soplo de aire puro para los secesionistas y, por extensión, un revés para el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, quien está a cargo de la causa por rebelión, así como al Ejecutivo español de Mariano Rajoy, que lo respalda.
Contra la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no cabe recurso de la Fiscalía, con lo que no hay posibilidad de revertir esta situación.
De ahí que el juez Llarena y la Fiscalía del Supremo estén estudiando la posibilidad de llevar lo sucedido con la euroorden de Carles Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la prensa española.
Pretenden que el tribunal con sede en Luxemburgo se pronuncie sobre el hecho de que el tribunal alemán entró a valor el fondo del contenido de la euroorden- los delitos de rebelión y malversación de fondos- para rechazar el pedido de extradición.
También los abogados de Puigdemont, quien se trasladó esta misma tarde a Berlín, planean una ofensiva ante los tribunales europeos, pero en su caso amparándose en el hecho de que en la legislación comunitaria no existen las figuras delictivas de rebelión y sedición.
Su intensión es recurrir a un mecanismo jurídico que está destinado a asegurar la correcta aplicación del derecho comunitario por los estados miembros, para evitar que la Justicia española dictamine en contra de los dirigentes secesionistas por estos delitos graves.
«Seguimos más fuerte que nunca». «No es un caso de rebelión, no es un caso de malversación, es un caso político que exige que el Estado español aparte el Código Penal y se sienten en la mesa de negociación», escribió Puigdemont en Twitter ya de camino a Berlín, enfocado en la estrategia internacional.
En tanto, en Cataluña, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, inició hoy la ronda de contactos telefónicos con los partidos con representación parlamentaria para proponer otra vez al preso Jordi Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno catalán.
Los independentistas, que pretenden celebrar la sesión de investidura la próxima semana, se amparan en una misiva del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que instó a España a respetar los derechos políticos del líder secesionista.
A diferencia del dirigente Jordi Turull, que fracasó en la primera votación, Sánchez tendría su elección asegurada, gracia a un acuerdo entre las tres fuerzas independentistas, Juntes per Catalunya (JxC), Esquerra Republicana de Cataluña y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). «Lo tenemos atado entre tres», dijo hoy Elsa Artadi, vocera de JxC.