Este lunes concluyó la audiencia imputativa que había comenzado el pasado viernes contra Esteban Alvarado. los cuatro policías detenidos por presunta colaboración con él y un sexto sujeto. En la misma, según detallaron los fiscales, al primero lo acusan de haber organizado las tres últimas balaceras que ocurrieron en domicilios relacionados con el Poder Judicial y, para llevarlas adelante, necesitó tener información de las investigaciones en torno a otros ataques anteriores, vinculados a la banda Los Monos.
En la audiencia llevada adelante en el Centro de Justicia de la ciudad, se determinaron las siguientes imputaciones:
- Esteban Lindor Alvarado «por los delitos de jefe de Asociación ilícita en calidad de autor; Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo (tres hechos)».
- Martín Rey por los delitos de «asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario Público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor». A su hermano, David Marcelo por los delitos de «asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario Público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor».
- Jorgelina Miriam Chavez por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario Público; encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y trafico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación.
- Nicolas Marcelo Ocampo por los delitos de «asociación ilícita en carácter de miembro; amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como partícipe secundario y concurre idealmente con el delito de Encubrimiento agravado».
- Pablo Báncora por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, Encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y Cohecho, y tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del MPA».
Los tres ataques que relacionan los Fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía Segunda Circunscripción a Esteban Alvarado son los ocurridos al Centro de Justicia Penal, a los Tribunales de calle Balcarce y el último, a la casa de una empleada técnica de la misma Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional, que investigaba las balaceras anteriores, en Rioja al 500.
Los dos primeros ocurrieron el 10 de diciembre del año pasado, contra Tribunales Provinciales de Rosario a las 2.16 y, 22 minutos después, contra el Centro ubicado en Sarmiento al 2850.
El tercero, tuvo lugar el 14 de enero. Según determinaron los fiscales, fue con el fin de alarmar a la empleada de la Fiscalía «con el propósito de obtener una variación del curso de investigación del homicidio de Lucio Maldonado, cuerpo hallado el 13 de noviembre de 2018 en zona de Circunvalación y Oroño de Rosario» y por el cual se encuentra detenido Alvarado desde noviembre del año pasado.
«Se le atribuye ser el jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, al menos desde el periodo de agosto de 2018 hasta el 29 de abril de 2019, período en el cuál se dirigió la administración de recursos materiales y humanos con fines delictivos», definieron los fiscales.
«La asociación repartía sus tareas entre personas que conforman tres estamentos diferenciados: el primero de ellos integrado por quienes bajo sus órdenes procuraban los medios materiales para la comisión de delitos contra la propiedad y contra las personas. Estas personas proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a las personas a cargo de ejecutar delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento, e identificación de personas, e intimidaban a personas, para obtener algún beneficio para la organización; el segundo de los estamentos constituido por un grupo de personas que en cumplimiento de sus órdenes llevaban a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a dotar de impunidad los hechos ejecutados por los integrantes de la organización. Esa tarea era cumplida con el aporte de profesionales, personal policial y otras personas», se detalló en la audiencia.
Los datos que recabaron los fiscales indican que los agentes derivaron información sobre miembros de Los Monos para que sean inculpados, además de datos para saber en qué momento perpetrar los ataques. Los policías fueron descubiertos y los mensajes y audios que intercambiaban los acusados dan la derecha a dicha versión de fiscalía.
Para detectar la organización, se requirieron unos cuatro meses de investigaciones que desembocaron en la audiencia de este viernes, en las que participaron los fiscales de la Unidad de Delitos de Gravedad Institucional, el Organismo de Investigaciones (OI) que conduce Marcelo Saín y diversas fuerzas policiales provinciales y federales.
La jueza de Primera Instancia, doctora María Carrara, aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para todos los imputados.