El Parlamento de Nicaragua aprobó este sábado con carácter urgente una Ley de Amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes cometieron delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que dejo cientos de muertos y de detenidos.
La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede «amplia amnistía a todas las personas que participaron en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha».
La amnistía se extiende a las personas que no fueron investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata.
Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía, informó la agencia de noticias EFE.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte.
En otro orden, la Ley determina que las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas.
La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
A juicio de la oposición, con está amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales «a su gente», entre los que mencionaron a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos ruteros que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que dejo cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas parapoliciales con armas de guerra, para atacar a civiles.
En tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que «el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas».
«Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», recalcó está semana la chilena Bachelet en un comunicado.
Desde 1985 a la fecha se aprobaron 14 leyes de Amnistía en Nicaragua, diez de ellas durante el primer gobierno sandinista (1979-1990).
La crisis de Nicaragua dejo al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque la oposición eleva la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.