Por Matías Gregorio
Corría el año 2011. Sabrina Ortiz se encontraba en su casa ubicada frente a los campos de soja en la parte de quintas del barrio Viajantes, muy cerca de Villa Alicia, dentro la ciudad bonaerense de Pergamino, junto a su marido y su hija, que por ese entonces tenía diez años. En un momento, un avión fumigador pasó prácticamente por arriba de su hogar. Sabrina, que estaba embarazada y ya tenía problemas en la piel al igual que el resto de su familia, comenzó a experimentar todos los síntomas de una intoxicación y finalmente perdió el embarazo.
A partir de ese momento, su vida cambió: decidió luchar contra la impunidad y el uso indiscriminado de los agrotóxicos que tanto daño le habían hecho a su familia y a toda la comunidad del barrio. Estuvo 7 años peleando en la oscuridad, siendo tratada como «una vecina paranoica» y enfrentándose a instituciones donde la incidencia de los productores rurales primaba por sobre la salud de las personas. Golpeó cientos de puertas, habló en los medios, fue amenazada en más de una oportunidad, presentó causas judiciales, se recibió de abogada, conformó grupos entre vecinos para apoyarse mutuamente y recorrió miles de kilómetros buscando una respuesta a los problemas de salud inexplicables que presentaban sus hijos.
Y de tanto insistir y seguir haciendo ruido, la Justicia Federal intervino en el caso a fines de 2018, lo que cambió totalmente las cosas. Hoy, desde su nueva vivienda donde se vio obligada a mudarse para que su familia deje de ser fumigada, Sabrina Ortiz, fundadora de la agrupación «Madres de Barrios Fumigados de Pergamino», atendió a CLG y contó su historia, una que se repite en muchos puntos del país y que narra el avasallamiento de las corporaciones agropecuarias con el respaldo de la política, la Justicia y los nichos más altos de la sociedad para obtener algunos dólares más a costa de la vida de miles de personas.
Las consecuencias de ser fumigado
«Cuando me recuperé de la pérdida del embarazo empecé a manifestar el poco control que había en la temática. Cómo no obtenía respuestas, decidí convocar, a través de un programa de radio que me dio el espacio, a las personas que estábamos sometidas a la misma problemática», expresó Sabrina. Dicha denuncia la llevó a vivir una situación dramática: «Un hombre que vive enfrente de mi casa, que es productor, se cruzó con la escopeta y baleó a mi perro que estaba en el patio. Mi hija había estado ahí dos minutos antes».
«Se hablaba de que era toda una cuestión de una vecina paranoica, pero aún yo no había dicho públicamente que había perdido el embarazo por los agroquímicos, porque no estaba preparada emocionalmente, y hasta el día de hoy me cuesta hablar de eso. Pero salí a decir de lo que pasaba con las fumigaciones», añadió.
Desde muy chica, la hija de Sabrina comenzó a tener problemas de salud recurrentes y sus padres no encontraban una respuesta en los centros médicos de Pergamino. A pesar de pasar por distintos consultorios, la joven empeoraba cada vez más. Esto los llevo a tomar la determinación de ir a otros lugares para tener una visión diferente. Así, un médico de Capital Federal detectó una infección ósea con distintos quistes en las partes de las piernas y también vio fibrosis en los huesos. Como le llamó la atención, pidió otros estudios más complejos y pudo determinar que tenía una infección ósea llamada osteomielitis crónica recurrente pero que, a su vez, en la biopsia no se hallaban gérmenes, es decir, no había algo que ocasionara esa infección, por lo que llegar a un tratamiento certero se hacía muy complejo. «De ahí recorrimos hematología, infectología, inmunología, etc., hasta que el mismo médico nos orientó y nos dijo que probemos con toxicología. Yo le había comentado esto de los agroquímicos, pero nunca lo había asociado con una infección ósea».
A la par, Sabrina y su marido tuvieron otro hijo, que también presentó enfermedades poco recurrentes desde muy temprana edad: «Hace linfoproliferación, tiene los ganglios agrandados en los intestinos y en el cuello, lo que hace que su sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia y tiene sangrado en orina, pero todo sin un origen determinado, no había una enfermedad diagnosticada para decir ‘lo causa tal cosa y lo podemos tratar de tal manera'».
La toxicóloga que visitaron del hospital Austral de Pilar les hizo un cuestionario sobre cómo vivían, en qué zona, y si estaban cerca de una empresa de químicos o fábricas, «todas cuestiones relacionadas a la contaminación ambiental», contó Ortiz. Además, los envió a hacer análisis a un laboratorio de Mar del Plata donde los resultados tienen convalidación internacional. Y cuando llegó el momento de analizarlos, la doctora se sorprendió de la cantidad de glifosato y su metabolito AMPA que tanto Sabrina como sus hijos tenían en sangre: «Mi hijo tenía 120 veces más de lo tolerado por su cuerpo y mi hija tenía 100 veces más». A partir de estos estudios, la toxicóloga pudo determinar la relación que existe entre los agroquímicos y su sintomatología, que parecía ser aislada y no tener origen.
«Comenzamos un tratamiento que en realidad no es tal, porque van solucionando lo que va a apareciendo, ya que los químicos no se van del cuerpo. Entonces la doctora me manifestó que lo que no podía pasar era que sigamos viviendo en ese lugar a altas exposiciones. Justo coincidía en que en ese momento, en septiembre del año pasado, se venían las épocas de grandes fumigaciones. Me dijo ‘mirá, te tenés que ir de ahí, no te queda opción, porque ya los chicos el deterioro que tienen no lo pueden mejorar, pero no pueden empeorar'». Así, la familia Ortiz se vio obligada a mudarse: «Fue uno de los golpes más duros para nosotros porque yo me crié en ese barrio, mis padres viven al lado. Pero nos fumigaban a diez metros y no nos quedó alternativa».
La voz de los sin voz
A partir de la denuncia de Sabrina fueron muchas las madres de los barrios humildes de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, ubicados en el extremo noroeste de Pergamino, que se fueron acercando, ya que sus hijos presentaban síntomas similares. A la par, a través de diferentes acciones, varios sectores de la sociedad se interiorizaron en la problemática y comenzar a ayudar. «Notamos que algo estaba pasando en relación a los agroquímicos porque cada vez que fumigaban los chicos se brotaban o se les desprendía la piel. A distancia de 3 o 4 cuadras de mi casa había niñas y niños que tenían lo mismo que mi hijo en cuanto a síntomas».
Un relevamiento por los barrios mencionados mostró que hay muchos casos de asma, broncoespasmos, dermatitis, retrasos madurativos y cáncer. Incluso una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió en diálogo con Infobae que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media. «Son muchos los casos de estas enfermedades que hay en el barrio como para parecer algo aislado».
«Si yo te cuento todo lo que anduve, las puertas que golpee, las veces que intenté hacer algo no solamente por mí, sino por mi familia, y ver que nadie me escuchaba, no me creerías. Entonces decidí estudiar derecho», mencionó Ortiz, quien a la vez es docente en salud universitaria desde hace doce años.
«Cuando me recibí empecé a ver otras cuestiones que antes no podía porque no tenía las herramientas. Lo primero que hice fue hacerme la matrícula provincial para luego hacerme la federal, porque ya había hecho muchas denuncias en la Fiscalía provincial, desde 2011 hasta 2018, y nunca se habían echo eco. Le preguntaban a gente que trabaja con agroquímicos que tan nocivos son para la salud de las personas. Y nadie va a autoincriminarse», recriminó Sabrina, y sentenció: «Eso fue lo más fuerte. Porque si bien el municipio puede hacerse el desentendido, la Justicia no. A pesar de esto, yo creo en la Justicia, soy abogada, acá lo que fallan son los operadores judiciales».
Cuando Sabrina ya tenía los análisis de sus hijos, Ciro y Fiama, y ya se había mudado, la Justicia Federal tomó el tema: «El juez federal de San Nicolás que tiene la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, se comprometió muchísimo. Me sorprendió como actuaron porque venía acostumbrada a otra cosa. Primero hice una denuncia anónima porque surgían todos los miedos que se pueden tener porque yo estaba sola contra un montón de cuestiones que podían poder en riesgo la vida de mi familia. Cuando vi que le dio curso a la problemática y empezó a gestionar el proceso, me constituí como querellante. Y ahí empezamos a solicitar muchas cuestiones sobre las cuales yo me había interiorizado, después de hablar con otros abogados especializados en la temática. Fue muy rápido, porque comenzó a fines de 2018 y el expediente ya lleva cinco cuerpos».
Agrupadas contra el olvido
Al mismo tiempo, a fines de 2018, mientras avanzaba la causa judicial, un grupo de madres de los tres barrios mencionados pusieron en común las cuestiones que venían sucediendo en la salud de sus hijos y crearon la agrupación «Madres de Barrios Fumigados de Pergamino»: «Nos dimos cuenta que aisladas no nos decían nada y que era necesario trabajar juntas», subrayó Ortiz, y agregó: «Le pusimos ese nombre porque representa los valores que nos movilizan, que son nuestros hijos, porque están siendo abandonados sistemáticamente por todo el gobierno municipal».
La intendencia de Pergamino está en manos de Javier Martínez, de Cambiemos, quien es muy criticado por toda la comunidad que lucha contra los agrotóxicos. Puntualmente, Martínez se negó a recibir a Sabrina cuando ella debía mudarse: «Me dijo que conmigo no tenía nada que hablar, ya me conocía después del hecho de la radio. Tenemos un intendente que nos dio la espalda». A su vez, también dejó en claro que el gobierno anterior, de otra índole política, tampoco tomó cartas en el asunto.
Cuando el caso comenzó a tomar fuerza en toda la ciudad, la respuesta de la comunidad fue cambiando, pero muy lentamente: «Estamos en el núcleo sojero, en la perla del norte. La gente tiene comprada la imagen del campo como lo mejor que existe. Si bien es un poco complejo, hay que erradicar esa visión».
Enmascarar la verdad
Sabrina tuvo la oportunidad de concurrir a un centro de salud privado y poder encontrar respuestas a los problemas que presentaban sus hijos, pero en Villa Alicia «hay hambre, frío, mucha necesidad insatisfecha» y la gente no tiene las posibilidades de atenderse más allá de los centros públicos de la ciudad.
«Las madres son todas mis amigas, y cada una de ellas tienen una historia atrás muy fuerte. Algunas perdieron a sus hijos de leucemia cuando eran chiquitos. He visto cuando los niños están con la piel desprendida y van al hospital o a la sala del barrio y les ponen una crema, un inyectable, los mandan para sus casas y cuando vuelven a fumigar pasa lo mismo. Nosotros lo vemos por fuera, pero, ¿cómo estarán esos chicos y madres por dentro? Es terrible porque al no tener los medios no pueden hacer nada», relató Ortiz.
Por estas razones, la madre, junto con la ayuda de un concejal, presentó un proyecto para que toda la población de Villa Alicia sea sometida a ciertos análisis para corroborar la presencia de agrotóxicos en sus cuerpos y determinar si existe genotoxicicidad, es decir, si sus genes ya están dañados por los químicos. «Mi objetivo es que la gente pueda acceder al conocimiento de lo que les pasa a ellos mismos y a sus hijos, y que les brinden una atención acorde a lo que están teniendo, no que enmascaren el síntoma y sigan igual, porque eso deviene en cárcel, leucemia, infertilidad, poliquistósis o hipotiroidismo, enfermedades que presentan nenes de hasta 3 años», fundamentó la docente universitaria.
Las madres llenaron el Concejo deliberante de la ciudad ubicada a 113 kilómetros de Rosario y el 17 de noviembre del 2018 el cuerpo legislativo aprobó el proyecto por unanimidad. A partir de la promulgación, el municipio tenía 90 días para exponer el primer informe de las acciones realizadas. Más de seis meses después, nadie presentó nada.
«Ahí está la verdad», afirmó Sabrina, que si bien se lamentó de que coincida con un año electoral, insistió con que «este quien esté, se tiene que hacer cargo de la situación como corresponde y no ir en contra de la gente».
Beber agroquímicos
El juez que interviene en la causa incorporó al expediente un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Balcarce que estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y determinó que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet.
El análisis, sin embargo, fue desestimado por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el juez pidió un examen al departamento de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El estudio realizado por este último cuerpo arrojó el mismo panorama.
Entre las sustancias halladas se encuentran el glifosato, que es altamente cancerígeno y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; la atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; la imidacloprid, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas; y la tetrametrina, también vedada en Europa porque afecta las hormonas sexuales.
«El intendente se enteró un viernes. El lunes viajó al Juzgado Federal para anoticiarse sobre lo que estaba sucediendo. Pensamos que se había interesado por nosotros y que iba a hacer algo. Pero el martes salió con un comunicado diciendo que eran todas mentiras lo que estaban difundiendo. Y eso fue lo peor, nos generó mucha angustia. Esperábamos que aunque sea, entregara agua en la escuela y en el jardín del barrio. Después convoco a la Autoridad del Agua para que desestime todo lo que decía la Justicia», subrayó con enojo Sabrina Ortiz.
A partir de los estudios, tanto la querella como el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello solicitaron que se provea de agua potable a toda la gente del barrio. El pedido fue aprobado por el juez y también se ordenó la intervención del Ministerio de Salud, «porque cuando fueron a buscar en el centro de salud las historias clínicas no había nada».
Finalmente el municipio acató la orden de Villafuerte Ruzo y comenzó a entregar agua potable a los barrios afectados, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente, porque en primer lugar sólo repartieron bidones entre aquellos que tienen napa cuando la contaminación también alcanza al agua de red.
Fuminar, a 600 metros
En el mismo fallo del 3 de abril, el juez federal de San Nicolás prohibió la fumigación en cuatro campos que rodean los tres barrios en cuestión y también suspendió las autorizaciones del municipio para usar agroquímicos. Además dispuso que no se usen estos productos a menos de 600 metros de las casas de la zona, aunque las familias habían pedido que la distancia fuera de un kilómetro.
«La orden de los 600 metros se está cumpliendo, hasta el momento no hemos tenido más fumigaciones, aunque ocurrió un hecho particular: la orden del juez salió un viernes, y el domingo a la noche, cuando ya estaban todos notificados, me llamaron las chicas del barrio diciéndome que había olor a veneno, que habían fumigado. Y efectivamente había sido así. Hablé con el Juzgado y se decidió secuestrar todas las herramientas de pulverización. Se allanó, se confiscaron las máquinas y se encontraron bidones que habían sido utilizados esa noche», manifestó Ortiz.
Inicialmente, la causa apunta contra cuatro propietarios, aunque se está analizando la responsabilidad que le corresponde al municipio: «Hay una ordenanza vigente desde 2014 que limita a 100 metros la pulverización y a 500 metros el amortiguamiento, y crea un organismo de control específicamente para eso, pero nunca funcionó».
El abandono a los más humildes
«La mayor impotencia e indignación que siento, es que, si yo no hubiera tenido la posibilidad de hacerle los estudios a mis hijos y conocer que es lo que estaba pasando, todo hubiese seguido de la misma manera», declaró Sabrina, y profundizó: «Soy madre y veo como sufren otras madres. No pueden atenderlos como quisieran y no pueden hacer que dejen de sufrir sus hijos. No es sólo paren de fumigar, es paren de hacer sufrir. ¿Con qué derecho vienen a ponerte algo en el cuerpo? Y sin saberlo, sólo lo respiras, te entra por los poros, por el agua y hasta por los alimentos incluso».
Para la madre de Fiama y Ciro, este tipo de situaciones se dan porque «el gobierno discrimina y abandona a los chicos pobres», ya que «hay un desinterés completo por su salud y por su vida». Y fundamentó sus dichos con un ejemplo: «En Pergamino hay un barrio privado con gente de un pasar económico muy alto, y a ellos les bastó con quejarse dos veces para que no les fumiguen más».
«Esto no tenía que haber terminado así. Deberían que haber convocado a un grupo de médicos y haber respondido a la gente. Es inhumano. El que la paga más caro es el pobre, porque no tiene acceso a la salud ni a nada».
Meses atrás, Mauricio Macri consideró durante su visita a Entre Ríos como «irresponsable» un fallo de la Justicia que frenaba la fumigación con agroquímicos a 100 metros de las escuelas en esa provincia. Obviamente, sus dichos no cayeron para nada bien en Pergamino: «En la ciudad hay centro oncológico que iba a ser visitado por Macri, pero finalmente no lo terminó haciendo por temores a escraches. Ese centro es el mismo que para recaudar fondos fue auspiciado por Monsanto en años anteriores. Es muy grave lo que pasa acá. Las empresas multinacionales o de los agronegocios se meten en todas las aristas sociales para lavar la imagen. En el Club de Pergamino, en la Correcaminata, en el centro oncológico, en las escuelas, y hasta en la Justicia».
Por último, mencionó que el problema afectará a toda la población de Pergamino, según le aseguraron los propios toxicólogos del Hospital Austral que atienden a sus hijos: «La gente que vive más lejos lo va a incorporar en su plato diario y va a llegar un momento en que en 5 o 7 años van a tener la misma cantidad de residuos de agroquímicos que vos y tus hijos tienen, o incluso más», le confiaron. «Le intento trasmitir a la gente que todos estamos expuestos. Tenemos que despertarnos y pedir que se respete nuestro derecho a una alimentación sana, porque es un problema que trasciende la ciudad y estamos arriesgando las futuras generaciones».