El gobierno nacional solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo de US$200 millones para implementar la segunda fase del Programa de Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad de la Gestión Pública, a fin de ampliar el acceso a la información; consolidar regímenes de conducta ética de los funcionarios; y fortalecer las regulaciones y mecanismos referidos a las contrataciones de obras, compras y empleo público.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, demandó el financiamiento en una carta dirigida al titular del BID, Luis Alberto Moreno, tras destacar el «antecedente satisfactorio» del primer crédito, obtenido en 2017 también por US$ 200 millones.
La segunda etapa del programa, anticipó Dujovne, se desarrollará «en forma consistente con las políticas y objetivos sectoriales de modernización del Estado, desburocratización y acciones de transparencia y fortalecimiento institucional para luchar contra la corrupción».
El ministro detalló además, en la nota a Moreno a la que Télam tuvo acceso, que se busca «incrementar la efectividad del sistema financiero y reducir los costos de transacción»; así como también fortalecer la transparencia financiera mediante la adopción de «medidas alineadas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)».
Mediante esas políticas se busca «alcanzar los estándares internacionales necesarios para mejorar el ambiente de negocios y cumplimentar los requisitos para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)», explicó Dujovne.
Entre los componentes principales del programa figura la Estabilidad Macroeconómica, en correspondencia con lo estipulado por el gobierno nacional en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en apoyo al plan económico.
La documentación preliminar del préstamo gestionado ante el BID resalta que «en los últimos tres años la Argentina registra mejora en los seis indicadores que componen el Indice de Gobernabilidad de Banco Mundial, incluida la dimensión de control de la corrupción», a la vez que se observaron «avances positivos para el período 2015-2017 en el Indice de Transparencia Internacional y en el Open Data Baromenter».
Como muestra de los avances en la materia se constata que el Ministerio Publico Fiscal estableció, a través de su Informe Anual al Congreso, un mecanismo de seguimiento de la ley del «arrepentido» (27.304) , que «está siendo aplicada para la situación de al menos 17 personas que se encuentran imputadas por delitos de corrupción».
Como desafíos pendientes de la segunda operación del programa se prevén medidas orientadas a «fortalecer la efectividad del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos»; actualizar la ley de Etica Pública (25.188) para mejorar la prevención y resolución de conflictos de intereses y hacer más eficiente el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios.