El acoso sexual en la calle es una realidad para miles de mujeres cada día y coarta sus libertades como ciudadanas. Francia quiere ahora que esta actitud le cueste también a los acosadores. Al menos, que les duela en el bolsillo. Un grupo interparlamentario encargado por el Gobierno de Emmanuel Macron de definir en qué consiste el acoso sexual en espacios públicos y cómo penalizarlo presentó este miércoles propuestas para que acaben siendo ley. Como la imposición de una multa inmediata por acoso de al menos 90 euros, según el informe desvelado en la sede de la Secretaría de Estado para la Igualdad Mujeres-Hombres. Su titular, Marlène Schiappa, está al frente de la iniciativa que busca penalizar el acoso sexual y fijar, por fin, una edad mínima de consentimiento, entre otros. El objetivo, según ha adelantado una de las políticas más visibles del Gobierno francés, es que el contenido de la ley empiece a ser discutido en marzo y esté listo para su aprobación “antes del verano”.
“Combatir el acoso en la calle es importante, porque es el comienzo de un contínuum de violencias sexistas”, afirmó Schiappa, acompañada de los ministros del Interior, Gérard Collomb, y Justicia, Nicole Belloubet, que forman parte del proyecto de ley futuro y de su implementación. “Frenar a la persona que es violenta en el espacio público es una manera de luchar contra todo acto de violencia sexual”, insistió al presentar la veintena de “recomendaciones” de los cinco parlamentarios —cuatro mujeres y un hombre de diferentes formaciones políticas— para penalizar el acoso sexual en la calle.
Uno de los primeros retos del grupo de trabajo interparlamentario “para la penalización del acoso sexual en la calle” ha sido, precisamente, definir los límites de lo que consiste acoso sexual. Difícil, pero no imposible. “De la misma manera que hemos sabido definir el acoso moral en el trabajo en la ley, podemos definir el ultraje sexista”, ha declarado Schiappa los últimos días. En el informe, se propone un nuevo concepto legal, el “ultraje sexista y sexual”, como base para la sanción de “toda proposición, comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que atente contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante”, o que cree una “situación intimidatoria, hostil u ofensiva”. La multa por esta infracción será de 90 euros si es pagada de inmediato —la idea es que la policía de proximidad que quiere desplegar Macron sea la responsable de vigilar estas actuaciones— y de un monto creciente: 200 euros si el pago se dilata 15 días, hasta un máximo de 750 euros pasados los dos meses.
El informe también propone el desarrollo gubernamental de una aplicación de teléfono que permita registrar comportamientos de acoso sexual, así como campañas de sensibilización desde las escuelas y, también, a nivel institucional, como en los ayuntamientos. Por ejemplo, señala el hecho de que solo el 6% de las calles en Francia tengan el nombre de una mujer.
Aunque las recomendaciones todavía deberán ser debatidas a nivel ministerial y, una vez registradas como propuesta de ley, en la Asamblea Nacional, la responsable de Justicia celebró la iniciativa como “un nuevo nivel de lucha contra el sexismo y hacia la sensibilización de la igualdad” de género que constituye una “evolución muy positiva del derecho”. “La seguridad es la primera de las libertades y, para una mujer, poder viajar tranquila en transporte público y sentirse segura en las calles es la primera de sus libertades”, acotó Collomb. El ministro del Interior destacó que el año pasado, mientras que la delincuencia se mantuvo estable, “las violencias contra las mujeres, aumentaron de manera exponencial”, hasta convertirse “hoy en día, en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”. Según datos recogidos en el informe, cada año en Francia hay una media de 700.000 víctimas de “gestos inapropiados”, como besos forzados o frotamientos, de los cuales 220.000 se producen en espacios públicos.
FUENTE: EL PAÍS