La Policía Nacional detuvo este miércoles a dos alcaldes independentistas del partido anticapitalista CUP junto a otros nueve activistas. Fueron acusados de delitos de desorden público relacionados con hechos ocurridos el año pasado, durante el primer aniversario del referendo de autodeterminación celebrado de forma ilegal en Cataluña.
El presidente catalán, el secesionista Quim Torra, quien se enteró de los arrestos mientras se dirigía a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con congresistas en busca de apoyo para una «mediación internacional», denunció las detenciones como arbitrarias. «Basta de represión, basta de criminalización», escribió en su cuenta de Twitter antes de aterrizar en Washington.
Los arrestos de Ignasi Sabater, alcalde de la Verges, y Dani Cornellá, alcalde de Celrá, ambos municipios de la provincia de Girona, se dieron en el marco de una investigación policial y, por lo tanto, no contaban con orden judicial, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Tanto Sabater como Cornellá fueron liberados tras pasar unas seis horas en la comisaría de Girona después de negarse a declarar.
El resto de detenidos también quedaron quedó en libertad luego de pasar por las dependencias policiales, donde unas 200 personas se concentraron para expresar su solidaridad y denunciar la «criminalización» de la protesta de los independentistas.
El abogado de los alcaldes, Benet Salellas, explicó que una patrulla policial esperaba estaba mañana a los dos políticos de la CUP (Candidatura de Unidad Popular ) delante de sus domicilios para arrestarlos cuando salieran a trabajar.
Salellas destacó que «la detención no es algo habitual en casos de desórdenes públicos», por lo que cree que se trata de «un acto de venganza».
«Me detuvieron diciendo que estaba imputado por un delito de desórdenes públicos por el corte de las vías del AVE durante una protesta por el aniversario del 1 de octubre, pero yo ese día no estaba allí; estaba trabajando», declaró Sabater tras abandonar la comisaría.
Los agentes de la Policía Nacional actuaron de oficio en el marco de la investigación de la ocupación de las vías del AVE en la estación de Girona por parte de 400 activistas durante al primer aniversario del referendo secesionista. La acción es considerada como una amenaza contra «infraestructuras críticas del Estado».
«La Brigada de información de la policía nacional sigue actuando como en la época del franquismo», aseguró la diputada de la CUP Maria Sirvent, tras la detención de sus compañeros.