Una sociedad con leyes comprensibles para todos, con sentencias judiciales que se entiendan a primera lectura y contratos transparentes, es el ideal por el que trabaja el movimiento internacional conocido como «lenguaje claro», que tuvo un fuerte impulso en Argentina con la reciente creación de una red nacional y la web «Derecho Simple» en la provincia de Buenos Aires.
«Este movimiento internacional apareció en la Europa de los años 70 para combatir el argot burocrático, y busca simplificar la manera en que nos comunicamos por escrito», dijo a Télam Silvia Iacopetti, directora del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) que desarrolló la plataforma «Derecho Fácil».
Y para ello promueve un determinado método de uso del lenguaje, que «no implica pérdida de precisión».
«Una comunicación está en lenguaje claro si el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información», es la definición adoptada por la organización Plain Language Association International (PLAIN).
Como toda técnica, tiene reglas específicas: oraciones y párrafos cortos, una sola idea por frase, estructuras simples y números en cifras, pero además se deben evitar los gerundios, arcaísmos, tecnicismos o palabras en latín.
Junto a garantizar la efectividad del mensaje, el lenguaje claro genera confianza, reduce tiempos y costos, y contribuye a la democracia.
«Para que las leyes se cumplan, hay que saber cuáles son y entenderlas. Cuando la gente entiende, hay mayor previsibilidad y seguridad jurídica. Además, estudios internacionales demuestran cómo bajan al 50 por ciento los costos con lenguaje claro», dijo Iacopetti.
Para Sergio Mohadeb del sitio «Derecho en Zapatillas», el lenguaje claro es además «una de las herramientas para transparentar los actos de gobierno», y en ese sentido contribuye al ejercicio de «una ciudadanía plena».
Que los Estados, instituciones, empresas y organizaciones comiencen a hablar en lenguaje claro supone trabajar a dos niveles: traduciendo textos ya existentes y capacitando agentes para que empiecen a escribir originariamente bajo esta modalidad.
«La idea es que a futuro no tengamos que pasar por la traducción, pero para eso tenemos que cambiar la mentalidad y llevará tiempo», explicó a Télam Nicolás Galvagni Pardo, subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica bonaerense.
La primera iniciativa gubernamental de lenguaje claro fue el sitio www.derechofacil.gob.ar, lanzado a finales de 2016 por el ministerio de Justicia de Nación que encabeza Germán Garavano.
El sitio ofrece no sólo 272 normas traducidas en lenguaje claro; sino también un glosario; la aplicación de leyes a situaciones concretas; textos en lectura fácil y un resumen mensual del Boletín Oficial.
El último 5 de diciembre la provincia de Buenos Aires lanzó su propio micrositio -«Derecho simple»- que por ahora sólo ofrece las principales normas de esta jurisdicción en lenguaje claro.
«A nivel provincial existen más de 15.000 leyes: la idea es traducir primero aquellas que son más requeridas, incorporando de a cuatro por mes. Para eso trabajan juntos comunicadores y equipos técnicos especializados por temas», dijo Galvagni.
También se inscriben en este movimiento iniciativas de la sociedad civil, como es el caso de «Derecho en Zapatillas». «Vemos que hay una gran necesidad de acercar las leyes, sentencias y otros actos de gobierno; pero trato de ir un poco más allá, de hacer un poco de crítica con humor», dijo Mohadeb.
Para expandir estas experiencias, a mediados de noviembre se lanzó la Red Argentina de Lenguaje Claro bajo la dirección conjunta del Senado, la Secretaría Legal y Técnica y el ministerio de Justicia y Derechos Humano, que integran nueve organismos nacionales, siete dependencias provinciales, cuatro organizaciones internacionales, un estudio jurídico y dos jueces.