El plan privatizador del equipo económico de Jair Bolsonaro en Brasil podría encontrar obstáculos en el núcleo militar que lo acompaña –cauteloso con los sectores estratégicos– y en el Congreso.
Paulo Guedes, economista liberal salido de la Universidad de Chicago, asumirá el ministerio de Economía el 1 de enero. Durante la campaña dijo que esas ventas podrían aportar al Estado hasta un billón de reales (unos 260.000 millones de dólares). Pero no ha vuelto a mencionar esa cifra.
El programa electoral de Bolsonaro manifestaba la intención de recortar los déficits y de «reducir la deuda pública en un 20% mediante privatizaciones, concesiones» y la venta de propiedades públicas.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército, habló de priorizar la venta de las empresas más subsidiadas.
El endeudamiento de Brasil pasó de 56,3% del PIB a fines de 2014 a 76,5% en octubre de este año y, según las proyecciones del Banco Mundial, sin reformas profundas podría llegar a 140% en 2030.
«Las posibilidades son razonablemente buenas y hay muchos activos que podrían venderse a buen precio al sector privado», dijo a la AFP el economista Alberto Ramos, de Goldman Sachs.
Pero «el tema aquí no es tanto obtener dinero para reducir la voluminosa deuda pública (…), sino aumentar las inversiones y la eficiencia de esas compañías», agregó.
El camino se anuncia sembrado de espinas.
El futuro mandatario ultraderechista cuenta en su equipo con varios militares, entre ellos siete futuros ministros, que podrían representar un contrapeso al liberalismo desacomplejado de Guedes.
«Bolsonaro tiene un grupo civil y otro militar. El civil, con los Chicago Boys, tiene un deseo privatizador. Pero el núcleo militar le da un valor estratégico a algunos activos del país», explica André Perfeito, economista de la corredora Spinelli.
El analista admite que incluso «por un tiempo el mercado sintió escalofríos con la posibilidad de que un militar presida Petrobras», la joya de la corona, que busca salir de una crisis de corrupción.
Finalmente, la petrolera quedará en manos de Roberto Castello Branco, otro Chicago Boy.
Pero el propio Bolsonaro frenó los ardores privatizadores de su futuro ministro, al decir que Petrobras puede ser privatizada «en parte», pero que no se tocará su negocio principal de explotación de crudo.
¿Cuáles sí y cuáles no?
Los bancos estatales Banco do Brasil y Caixa Económica quedan también fuera del paquete privatizador. Estas son entidades que cubren sectores como créditos inmobiliarios, agrícolas o a población de baja renta.
No obstante, los especialistas recuerdan que Guedes buscará por todos los medios impulsar su plan de saneamiento de las cuentas públicas para devolver a Brasil, que sale a duras penas de una grave recesión de dos años (2015 y 2016) al «grado inversor» de las agencias calificadoras de riesgo.
«Creo que Guedes va a hacer una planilla con todo lo que necesita privatizar y va a salir a negociar, una por una», explica Perfeito.
En la lista han sido mencionadas la corredora del Banco do Brasil, la tecnológica Serpro y la empresa de Correos, que alguna vez fue considerada estratégica.
La privatización de Eletrobras, la mayor firma de generación y distribución eléctrica en América Latina, puede encontrar reparos por temas de seguridad nacional.
«Hay muchos militares cerca de Bolsonaro, empezando por el vicepresidente Hamilton Mourao (…). Eletrobras es una discusión sensible, porque es un tema estratégico, y allí vendrá un juego donde no sabemos quién ganará», dice Perfeito.
El gobierno actual de Michel Temer ya ha privatizado cinco de las seis distribuidoras de Eletrobras, y para algunos agentes del mercado se trata de darle continuidad a una agenda que viene de 2012, desde el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff.
«Pueden empezar con las compañías que no son rentables y altamente ineficientes y luego ir a sectores que demandan altas inversiones y recursos que el gobierno no tiene», considera Ramos, de Goldman Sachs.
El actual ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, explicó el miércoles que «faltó ambiente» para privatizar Eletrobras este año. «La privatización nunca es un asunto fácil, es siempre polémico, que genera divergencias y tiene que ser debatido».
Lucha cuesta arriba
Algunas medidas privatizadoras más agresivas pueden requerir de una aprobación del Congreso, sumamente fragmentado. La agrupación de Bolsonaro, el Partido Social Liberal (PSL), es la segunda bancada, con apenas 52 de los 513 escaños en la Cámara de diputados.
La oposición de izquierda busca obstruir esos planes. Pero incluso entre partidos cercanos al oficialismo hay resistencias, tanto por posiciones nacionalistas como por una tradición de sellar alianzas mediante la atribución de altos cargos en empresas estatales, señalan analistas.
«El partido de Bolsonaro no está tan de acuerdo en privatizar y no tiene un buen operador político», comenta Pedro Tuesta, economista para América Latina de la consultora 4CAST en Washington.
«Los recientes escándalos de corrupción han demostrado que las empresas estatales eran lugares excelentes para influir (…). En el pasado, el Congreso nunca estuvo muy interesado en apoyar una campaña de privatización profunda. Probablemente será una lucha política cuesta arriba», cree Ramos.