Por Matías Gregorio
La nueva resolución del reglamento de uso de armas de fuego para las cuatro fuerzas de seguridad federal —Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— que fue publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial, y que lleva a la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, generó un gran debate en Argentina.
En el protocolo se detallan las nuevas acciones que las fuerzas pueden aplicar ante un ‘peligro inminente’ para sí mismos o terceros. Los entes de policía local, correspondientes a la jurisdicción de las provincias argentinas, quedan exentos.
En el anexo titulado ‘Reglamento general para el empleo de armas de fuego’, se especifican todas las situaciones en las que está permitido disparar. El oficial puede proceder, por ejemplo, bajo la sospecha de que el presunto delincuente posea una arma o cuando considere que, aún desarmado, pueda representar una amenaza letal para sí mismo u otras personas. Situaciones no contempladas antes por la norma.
Estas nuevas disposiciones abrieron el debate por el rol de las fuerzas de seguridad. Distintos referentes políticos y organizaciones sociales expresaron su repudio por las redes sociales.
En este marco, CLG dialogó con diferentes profesionales y políticos, quienes dieron su parecer sobre el tema.
[caption id="attachment_109316" align="alignnone" width="1200"] Fue la propia Patricia Bullrich la que promovió la modificación de las normas para las fuerzas federales del país.[/caption]
El consenso como clave
Miguel Enrique Polenta, comisario general retirado de la provincia de Santa Fe, analizó la nueva norma a partir de su trayectoria en las fuerzas de seguridad:
«Si no hay un consenso del sector político en torno a la implementación de este nuevo reglamento, no va a dar resultado, porque los policías son quienes van a ejecutar las órdenes y son la única cara visible, y si no hay un respaldo judicial y político pleno, no sólo no funcionará, sino que será perjudicial».
Desde su punto de vista, Polenta le confesó a
CLG que está
«totalmente de acuerdo» con la nueva reglamentación, pero insistió en que si «no hay un cambio político, no se logrará nada».
A su vez,
el ex comisario cuestionó a quienes están al mando de las fuerzas federales: «La gente que maneja la seguridad no tiene ni idea del tema, no alcanza con ser abogado o licenciado, no tienen capacidad».
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Polenta forjó una larga carrera en la policía de Santa Fe. Foto: Conclusión.[/caption]
Bajo la lupa de la ley
Una vez publicado el nuevo reglamento, no fueron pocos los abogados y jueces que adelantaron los «problemas» que traerá la norma. Para el reconocido abogado penalista
Carlos Varela,
el protocolo «contradice a normas específicas del código penal».
El
abogado defensor de la banda criminal «Los Monos» consideró que el personal policial, más allá de brindar seguridad, «está sujeto a las mismas normas que tiene cualquier civil».
«En esta norma se expresa claramente que en caso de huida de la persona atacante ahora también tienen la posibilidad de usar la fuerza letal, lo cual, más allá de lo que pueda decir un decreto presidencial, va a ser merituado por cualquier juez que intervenga, porque en ese caso ya ha cesado el estado de peligro de la integrad física del efectivo», fundamentó Varela en diálogo con
CLG.
Para el magistrado,
«el decreto va a tropezar con las interpretaciones de los jueces» y puede ocasionar «que el personal policial crea que puede disparar, pero es un error que pueden llegar a pagar con muchos años de cárcel».
Por otra parte, el ex juez penal de la ciudad Juan José Pazos también opinó sobre el tema del momento: «Es una situación sumamente difícil porque Argentina, Rosario y el mundo ha cambiado en los últimos diez años.
Hay un grado de agresividad mucho mayor que no existía antes. No justifico que vayan armados y disparen primero, pero hay que estar en el lugar de ellos. Depende de las circunstancias, el lugar y el contexto de cada caso».
«La solución sería preparar mejor a los efectivos que están armados», declaró Pazos, y añadió:
«Hay que buscar un término medio porque puede traer complicaciones».
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Carlos Varela (izquierda), Juan José Pazos (derecha).[/caption]
La mirada política
La diputada nacional por la provincia de Santa Fe,
Alejandra Rodenas, se sumó al debate y criticó la resolución 956/2018:
«Es un retroceso total y absoluto. La democracia se constituye con garantías para todos. Debemos contar con una policía que se sienta garante de los derechos humanos”.
Asimismo, la
ex jueza penal remarcó en diálogo con este medio que «es fundamental e imperativo la regulación con
normas claras del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Por un lado para instruir y que el propio policía tenga en claro cómo debe hacer su trabajo, pero fundamentalmente para que la población no vea agravada sus riesgos de inseguridad con un uso indiscriminado de la fuerza que reproduce la violencia».
Para la legisladora justicialista, con la nueva norma,
“el país se aleja un poco más del Estado de derecho”.
En la vereda de enfrente, el concejal de Cambiemos,
Carlos Cardozo, defendió lo publicado por su partido: «Es una adhesión a los
estándares internacionales de la actuación de las fuerzas de seguridad. De hecho, en todos los países limítrofes de Argentina los protocolos son similares al que se acaba de conocer».
El edil de la ciudad afirmó que
«debe haber un accionar más efectivo frente a los crímenes complejos cometidos por bandas organizadas», y agregó: «Se necesita una respuesta adecuada por parte del Estado, que se tiene que dar en base a personal capacitado, a un armamento efectivo y a un protocolo de actuación razonable que respete los derechos humanos, pero que también sea justo para
el personal policial que hasta este momento estaba en inferioridad de condiciones frente a los delincuentes».
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Charly Cardozo (izquierda), Alejandra Rodenas (derecha).[/caption]]]>