El relevamiento de MuMaLá contabilizó 200 femicidios y otras muertes violentas por razones de género en el país hasta el 30 de septiembre. Santa Fe aparece entre las provincias con mayor tasa en relación con su población
La violencia de género volvió a quedar en el centro de la discusión en la provincia de Santa Fe a partir de un informe de MuMaLá, que contabilizó 38 femicidios en la provincia entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2026. El registro ubica a Santa Fe en el segundo lugar del país por cantidad de casos, detrás de Buenos Aires, y señala una tasa de 1,9 femicidios cada 100.000 mujeres.
A nivel nacional, el Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá contabilizó durante ese período 200 femicidios y otras muertes violentas por razones de género, además de 654 intentos de femicidio. Los datos corresponden al registro elaborado por esa organización y no a una estadística oficial del Estado.
La situación fue analizada este sábado por Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, quien planteó la necesidad de reforzar las políticas de prevención y asistencia y reclamó que Santa Fe declare la emergencia en violencia de género.
Santa Fe, entre las tasas más altas según MuMaLá
Sosa explicó que la cantidad absoluta de casos debe analizarse en relación con la población de cada provincia.
“Cuando uno analiza las tasas de femicidios, es decir, la cantidad de mujeres que habitan las provincias comparadas con la cantidad de muertes o en relación con la cantidad de muertes de mujeres, encabezamos la lista de las tasas más altas de femicidio junto a Santiago del Estero y a Catamarca”, señaló.
La organización sostiene que el escenario configura una situación de emergencia. “Estamos en una situación de emergencia nacional por la gravedad de la situación”, afirmó Sosa.
El número santafesino podría modificarse. MuMaLá mantiene bajo análisis el caso de Roxana Cejas, quien falleció en el Hospital Cullen y cuya familia pidió que se investigue la posibilidad de que se trate de un femicidio.
Según explicó Sosa, existen antecedentes de lesiones y otros elementos que están siendo evaluados antes de incorporar el caso definitivamente al registro.
“Estamos haciendo como este cuidadoso registro entre las 38 y las 39 víctimas en la provincia de Santa Fe”, explicó.
La investigación judicial deberá determinar, en tanto, las circunstancias de la muerte y si corresponde o no encuadrarla como un femicidio.
Solo el 12% había denunciado previamente
Uno de los datos que MuMaLá destacó del relevamiento nacional es que alrededor del 12% de las víctimas de femicidio había realizado previamente una denuncia contra su agresor. La organización señaló que en meses anteriores ese porcentaje había oscilado entre el 9% y el 11%.
Para Sosa, el dato muestra que las estrategias de prevención no pueden concentrarse exclusivamente en el momento en que una mujer llega a realizar una denuncia.
En ese sentido, reclamó campañas de información que permitan conocer los recursos disponibles y fortalecer las redes de acompañamiento en los territorios, con participación de centros de salud, escuelas, comisarías, municipios, comunas y organizaciones sociales.
También puso el foco en el período posterior a una denuncia y a la implementación de medidas de protección.
“Lo que es necesario también es plantear y plantearle al Estado cuál va a ser el acompañamiento posterior a las denuncias cuando las víctimas aún tienen la prohibición de acercamiento o un botón de alarma”, sostuvo.
El pedido de emergencia en la provincia
El reclamo central de MuMaLá en Santa Fe es que la Legislatura declare la emergencia provincial en violencia de género.
La organización acompaña un proyecto presentado por la diputada provincial Claudia Balagué, que plantea generar herramientas específicas y agilizar la asignación de recursos destinados a la prevención y asistencia.
Sosa explicó que, desde la perspectiva de MuMaLá, una declaración de emergencia permitiría disponer de partidas de manera más rápida frente a situaciones consideradas críticas.
“Lo que sucede cuando se declara la emergencia en otra temática es que el Ejecutivo está autorizado a tomar partidas rápidas, ágiles, especiales para la situación de gravedad de las que se está hablando”, explicó.
La dirigente comparó esa herramienta con otros regímenes de emergencia que se aplicaron en la provincia y sostuvo que la situación de violencia de género requiere una respuesta presupuestaria específica.
Qué medidas impulsa actualmente la Provincia
El planteo de MuMaLá se da mientras el Gobierno de Santa Fe sostiene otras líneas de acción vinculadas con la prevención y atención de las violencias por motivos de género.
En septiembre, la Provincia presentó ante la Legislatura un proyecto de Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, que propone un sistema de evaluación con cuatro niveles de riesgo —bajo, medio, alto y crítico— y medidas de protección proporcionales. La iniciativa también busca reducir las gestiones que deben realizar las víctimas y fortalecer la articulación entre organismos estatales.
Además, durante 2026 la Provincia puso en marcha un Sistema Integrado del Registro Único de Femicidios, Travesticidios-Transfemicidios e información sobre la ruta crítica de muertes de mujeres y personas travesti-trans, con el objetivo de centralizar información y mejorar el seguimiento de estos casos.
Dónde pedir ayuda
Ante una situación de peligro inmediato, el Gobierno provincial indica comunicarse con el 911. Para recibir orientación y asesoramiento también está disponible la Línea 144, mientras que en Rosario funciona el Teléfono Verde, al 0800 444 0420, y su canal de WhatsApp.
Las denuncias pueden realizarse en comisarías, comisarías de la mujer, Centros Territoriales de Denuncia y ante el Ministerio Público de la Acusación.
El debate sobre la violencia de género continuará en Santa Fe con distintos proyectos y reclamos sobre la mesa. Mientras MuMaLá insiste con la declaración de emergencia, la discusión también apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento para evitar que la intervención estatal comience recién después de una situación extrema.